Ilegalidades, la batalla cotidiana de Planificación Física en Holguín
- Por Liset Prego Díaz
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El Vivo toma la tierra ajena, la divide en parcelas y la vende al Ingenuo. Aquel llega en la noche con su casa a cuestas y al amanecer, lo que antes fuera un descampado, alberga a una familia en una precariedad punzante. La necesidad y el descontrol, la jugarreta y el delito levantando techos y paredes en los márgenes de la ciudad son realidades con las que lidian cada día desde la Dirección Provincial de Planificación Física en Holguín.
El directivo asegura que en estas construcciones “no hay un crecimiento ordenado, no hay un sistema de tratamiento de residuales, no tienen los servicios como bodegas, consultorios médicos. Estamos realizando planes parciales de todos para ordenarlos, darles un mínimo de servicios y legalizar las viviendas que hay en ellos.” En esta circunstancia de precariedad se cuentan cinco mil 763 viviendas con más de 19 mil personas.
“Las indicaciones del gobierno del país son caracterizar estas familias, ver sus situaciones y el tratamiento que precisan”, agrega Almarales Torres, pero 211 casas de estos barrios no son aptas para tal solución. Las mismas se distribuyen de la siguiente manera: 84 en Holguín, 21 en Antilla, 85 en Mayarí y 21 en Moa.
Se ha determinado que dos barrios ilegales no proceden: uno ubicado detrás del Cabaret Nocturno de la Ciudad de los parques, porque está ubicado sobre los pozos de agua que abastecen a la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER), y el otro en las facilidades temporales del Hospital Clínico Quirúrgico “Lucía Íñiguez”, pues allí está previsto realizar un helipuerto para convertir a este hospital en un centro regional de trasplantes.
“Las viviendas que se ubicaron en los pozos que hoy están contaminados se construyeron ilegales por falta de conocimiento de la población,” aclara Lisbeth Peralta Bruzón, jefa del Departamento de Inversiones de la DPPF, “ tenemos una Comisión Provincial de Compatibilización: con lo primero que deben cumplir las inversiones es con los planes de ordenamiento y los instrumentos que tenemos en el sistema y con los requisitos de los organismos rectores de las diferentes políticas: Recursos Hidráulicos, el Citma, el Minint, la Defensa Civil, las FAR. Con todos ellos conciliamos para evitar que ocurran ilegalidades o desastres, como incendios.
Torres Almarales reconoce que deben “trabajar fuertemente para el control, de ahí que en los meses recientes se haya implementado un sistema de trabajo con los inspectores provinciales dando seguimiento a los Consejos Populares. Ellos son la base de toda esta situación porque la principal carencia que tiene Planificación Física es que no detectamos oportunamente las ilegalidades.
Por eso todos los viernes se realizan encuentros con los inspectores de la dirección municipal e insertamos a los provinciales en el control del trabajo. Se está desarrollando un seguimiento a los puntos donde entendemos que están proliferando más. Se ha realizado un control durante el último mes y se ha logrado una contención del fenómeno.
Pero este equipo de trabajo no controla únicamente el surgimiento y desarrollo de los barrios ilegales, sino cualquier acción que contravenga lo estipulado en su esfera de actuación. Al respecto Luis Serrano Marrero, jefe del Departamento de Inspección del organismo explica: “En el 2014 se hizo un levantamiento de las ilegalidades en la provincia por indicaciones de Raúl Castro, Primer Secretario del Partido en el país. Eso dio un resultado de más de 16 mil ilegalidades.
A raíz de esto surgen los Planes Integrales de Enfrentamiento a las Ilegalidades, donde cada provincia, municipio y organismo debía planificarse por año cuántas ilegalidades de las detectadas iban a eliminar, que no deberían ser menos de un 25 por ciento de la cifra inicial.
En el caso de Holguín, para el 2020 planificamos erradicar 430 de las 1 205 que nos quedaban. En diciembre habíamos eliminado 461, un siete por ciento más que las planificadas. No obstante, hubo municipios y organismos que se planificaron y no cumplieron como Rafael Freyre, con cinco, Holguín una, Cacocum con dos, Mayarí con una y Moa con una.
Actualmente el mayor problema se encuentra en las nuevas ilegalidades detectadas porque todos los organismos y municipios no informaron esas ilegalidades cuando debían y según los inspectores van revisando el terreno van detectando otras.Como promedio cada año se descubren cerca de mil violaciones a la ley en este sentido.
En el caso de las nuevas identificadas en el pasado año, 2 270, aún quedan cien por eliminar de las cuales 82 son viviendas y el resto otras obras. Para su erradicación se elaboró un plan de acciones a ejecutar en el primer trimestre de 2021.
Por otro lado, el trabajo de los inspectores, 189 en toda la provincia, no se detiene pese a los inconvenientes planteados por la COVID-19 y ya “preliminarmente hasta ahora existen 402 ilegalidades previstas a eliminar en 2021”, apunta Serrano Marrero.
Demoler, multar, sancionar, son medidas que van a las consecuencias, no a las causas que generan las violaciones en este ámbito. Las dificultades para obtener una vivienda, los dilatados trámites para efectuar modificaciones en las mismas o para su construcción, no justifican la comisión de una ilegalidad, pero son el móvil de muchos.
Medidas organizativas como la terminación del catastro y la digitalización de estos procesos deberán facilitar las gestiones y disminuir las infracciones, pues no solo se agilizarán los trámites, sino que se esclarecerán que espacios de las demarcaciones pueden ser explotados en función de multiplicar el fondo habitacional del territorio y beneficiar a miles de familias con hogares adecuados.
Pero este no es un fenómeno reciente. “En los últimos años se han incrementado los barrios ilegales.Hoy tenemos 62 en la provincia en cuatro municipios: Holguín, Mayarí, Antilla y Moa, y solo en el municipio cabecera existen 42,” afirma Yoandris Almarales Torres, director de Planificación Física provincial.
El directivo asegura que en estas construcciones “no hay un crecimiento ordenado, no hay un sistema de tratamiento de residuales, no tienen los servicios como bodegas, consultorios médicos. Estamos realizando planes parciales de todos para ordenarlos, darles un mínimo de servicios y legalizar las viviendas que hay en ellos.” En esta circunstancia de precariedad se cuentan cinco mil 763 viviendas con más de 19 mil personas.
“Las indicaciones del gobierno del país son caracterizar estas familias, ver sus situaciones y el tratamiento que precisan”, agrega Almarales Torres, pero 211 casas de estos barrios no son aptas para tal solución. Las mismas se distribuyen de la siguiente manera: 84 en Holguín, 21 en Antilla, 85 en Mayarí y 21 en Moa.
Se ha determinado que dos barrios ilegales no proceden: uno ubicado detrás del Cabaret Nocturno de la Ciudad de los parques, porque está ubicado sobre los pozos de agua que abastecen a la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER), y el otro en las facilidades temporales del Hospital Clínico Quirúrgico “Lucía Íñiguez”, pues allí está previsto realizar un helipuerto para convertir a este hospital en un centro regional de trasplantes.
“Las viviendas que se ubicaron en los pozos que hoy están contaminados se construyeron ilegales por falta de conocimiento de la población,” aclara Lisbeth Peralta Bruzón, jefa del Departamento de Inversiones de la DPPF, “ tenemos una Comisión Provincial de Compatibilización: con lo primero que deben cumplir las inversiones es con los planes de ordenamiento y los instrumentos que tenemos en el sistema y con los requisitos de los organismos rectores de las diferentes políticas: Recursos Hidráulicos, el Citma, el Minint, la Defensa Civil, las FAR. Con todos ellos conciliamos para evitar que ocurran ilegalidades o desastres, como incendios.
Torres Almarales reconoce que deben “trabajar fuertemente para el control, de ahí que en los meses recientes se haya implementado un sistema de trabajo con los inspectores provinciales dando seguimiento a los Consejos Populares. Ellos son la base de toda esta situación porque la principal carencia que tiene Planificación Física es que no detectamos oportunamente las ilegalidades.
Por eso todos los viernes se realizan encuentros con los inspectores de la dirección municipal e insertamos a los provinciales en el control del trabajo. Se está desarrollando un seguimiento a los puntos donde entendemos que están proliferando más. Se ha realizado un control durante el último mes y se ha logrado una contención del fenómeno.
Pero este equipo de trabajo no controla únicamente el surgimiento y desarrollo de los barrios ilegales, sino cualquier acción que contravenga lo estipulado en su esfera de actuación. Al respecto Luis Serrano Marrero, jefe del Departamento de Inspección del organismo explica: “En el 2014 se hizo un levantamiento de las ilegalidades en la provincia por indicaciones de Raúl Castro, Primer Secretario del Partido en el país. Eso dio un resultado de más de 16 mil ilegalidades.
A raíz de esto surgen los Planes Integrales de Enfrentamiento a las Ilegalidades, donde cada provincia, municipio y organismo debía planificarse por año cuántas ilegalidades de las detectadas iban a eliminar, que no deberían ser menos de un 25 por ciento de la cifra inicial.
En el caso de Holguín, para el 2020 planificamos erradicar 430 de las 1 205 que nos quedaban. En diciembre habíamos eliminado 461, un siete por ciento más que las planificadas. No obstante, hubo municipios y organismos que se planificaron y no cumplieron como Rafael Freyre, con cinco, Holguín una, Cacocum con dos, Mayarí con una y Moa con una.
Actualmente el mayor problema se encuentra en las nuevas ilegalidades detectadas porque todos los organismos y municipios no informaron esas ilegalidades cuando debían y según los inspectores van revisando el terreno van detectando otras.Como promedio cada año se descubren cerca de mil violaciones a la ley en este sentido.
En el caso de las nuevas identificadas en el pasado año, 2 270, aún quedan cien por eliminar de las cuales 82 son viviendas y el resto otras obras. Para su erradicación se elaboró un plan de acciones a ejecutar en el primer trimestre de 2021.
Por otro lado, el trabajo de los inspectores, 189 en toda la provincia, no se detiene pese a los inconvenientes planteados por la COVID-19 y ya “preliminarmente hasta ahora existen 402 ilegalidades previstas a eliminar en 2021”, apunta Serrano Marrero.
Demoler, multar, sancionar, son medidas que van a las consecuencias, no a las causas que generan las violaciones en este ámbito. Las dificultades para obtener una vivienda, los dilatados trámites para efectuar modificaciones en las mismas o para su construcción, no justifican la comisión de una ilegalidad, pero son el móvil de muchos.
Medidas organizativas como la terminación del catastro y la digitalización de estos procesos deberán facilitar las gestiones y disminuir las infracciones, pues no solo se agilizarán los trámites, sino que se esclarecerán que espacios de las demarcaciones pueden ser explotados en función de multiplicar el fondo habitacional del territorio y beneficiar a miles de familias con hogares adecuados.
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