¿La vida sigue igual?

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proteccion al consumidorFoto: Cubahora
 
El título de una añeja, pero siempre recordada canción del español Julio Iglesias, llega a mi mente cada vez que nos comentan de burdos problemas vividos en establecimientos destinados a la venta de mercancías, servicios técnicos y personales, así como de gastronomía y alojamiento administrados por personas naturales o jurídicas.

Pues muy a pesar de entrar en vigencia desde el 3 de junio de 2018 la Resolución No. 54 de 2018, referida a la organización y ejecución de la Protección al Consumidor (PC) en el sistema de comercio interno, en muchos establecimientos de la provincia de Holguín “la vida sigue igual”.

Aunque el documento de marras fija cuáles son los deberes y derechos de los clientes y consumidores, así como de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios, ya sean del sector estatal o de los nuevos modelos de gestión, tal parece que ni unos ni otros se han dado por enterados si nos atenemos a las violaciones que a diario son cometidas en detrimento de la población.

Lo más incomprensible del asunto resulta es que casi nada haya cambiado en favor de los servicios después que los organismos y las instituciones enviaran al Ministerio de Comercio Interior sus sistemas de protección al consumidor, ceñidos a lo previsto en el nuevo procedimiento para su validación, posterior a los 30 días de la entrada en vigor de la norma rectora de la PC, como estaba señalado.

Es decir, hoy todos los establecimientos disponen de los documentos por dónde deben regirse para prestar el servicio que merece el pueblo, en los cuales de seguro tuvieron en cuenta señalar determinados problemas objetivos que incidirían en algunas atenciones en unidades productivas o directas al cliente, para las que siempre debería primar la información adecuada al público y en el momento oportuno.

Sin embargo, en honor a la verdad, en estos momentos la Resolución No. 54 del 2018 es un documento más en gavetas y estantes en no pocas oficinas de organismos y entidades, sino cómo entender que fueran detectados por la Comisión permanente de Salud, Medio Ambiente y Comunales de la Asamblea del Poder Popular del municipio de Holguín “problemas inconcebibles de higiene y conservación de los alimentos, indisciplinas, desorganización y otras irregularidades, principalmente en áreas de cocinas y almacenes en cerca de 90 unidades estatales y de cuentapropistas dedicados al expendio y elaboración de productos alimenticios”.

No me caben dudas que si el abanico de la Comisión se hubiera abierto hacia el servicio directo a los clientes en los restaurantes, bodegas, panaderías, cafeterías, heladerías y otros establecimientos; así como a suministradores y además, para comprobar gramajes de lo servido o despachado, verificar cartas técnicas, vencimiento y adulteración de productos, hubiera sido aún más larga la lista de insuficiencias detectadas.

Pero la inspección popular, la de todos los días, hace llegar increíbles denuncias que ponen en entredicho el control que ejercen algunos administrativos a sus colectivos y la falta de sistematicidad en el chequeo y fiscalización existente en el sector por parte de los organismos correspondientes.

Casos hay muchos para ilustrar, pero solo sirvan estos como botón de muestra. Por ejemplo, hace unos días denunciaba Alejandro Bautista Salermo los reiterados faltantes de productos de la Canasta Básica en la Unidad 3331 Melilla-1 y los consumidores de la bodega 3703 La Esperanza, en Managuaco, Uñas, aseguraban que allí la pesa nunca se inclina a favor de los consumidores y cómo el maltrato está siempre incluido en cada despacho.

De igual manera otros holguineros tienen criterios acerca de la calidad del pan tanto de la cuota como de los de la Cadena Cubana; de pizarras informativas que anuncian un precio y es otro al momento de pagar el cliente, de productos agrícolas que mantienen su valor a pesar de estar en una caja dos y tres días a la venta, como sucede en el departamento refrigerado de Los Chinos, donde el plátano vale dos pesos y 60 centavos la libra el domingo y el miércoles conserva igual importe, a pesar de solo quedar en exhibición los quemados y chiquiticos.

Otros de los problemas más cuestionados son la venta desmedida de productos en las tiendas recaudadoras a determinadas personas, ocultamiento de mercancías, maltrato, el uso del celular en plena jornada laboral por dependientes, la falta de jabas de nailon en toda la red, mientras que los revendedores las comercializan frente a los propios establecimientos y etcétera, etcétera.

Entonces ¿qué ha pasado con la implementación consecuente de la Resolución que traza la importancia de los derechos del consumidor, la responsabilidad de los proveedores y la necesidad de mejorar los servicios?.

Valdría la pena que en cada colectivo se hiciera esta interrogante y comenzar a cumplir con lo que es su deber: Proteger al consumidor.
 

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Comentarios  

# Maribel F. 25-09-2018 10:11
Es un gran problema que tenemos en el país, se adoptan leyes, decretos, disposiciones, regulaciones ... , pero quién las estructura. Se supone que el administrador de una entidad es el responsable de atender estos asuntos, pero por lo general son los primeros ausentes, permanecen muy poco tiempo en las unidades y hasta justifican a sus trabajadores ante una queja, eso cuando no son ellos los comisores de la infracción o responsables de que estas se cometan. ¿Inspectores? No aparecen, no hay, no alcanzan, como dices colega, la vida sigue igual.
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