Escuchar no basta
- Por Maribel Flamand Sánchez
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El pronunciamiento de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República de Cuba en la quinta emisión de Criterio Compartido resulta pertinente y necesario, pues coloca en el centro de la agenda institucional un tema que, como bien se ha reiterado en los medios de prensa cubanos, no es nuevo: la obligación de los servidores públicos de escuchar, atender y dar respuesta efectiva a las quejas, denuncias y reclamaciones de la población.
Es válido destacar varios elementos de su intervención: Primero, la insistencia en que la escucha no puede ser un acto pasivo ni un simple registro de inconformidades, sino el punto de partida de un ciclo que incluye organizar, planificar, actuar y controlar. Esta formulación tiene valor práctico porque desplaza la atención al ciudadano desde una lógica de ventanilla hacia una lógica de gestión institucional. Segundo, el reconocimiento explícito de que la falta de respuesta afecta la confianza ciudadana y duele a la gente que conecta el problema administrativo con una dimensión ética y política de la función pública. Tercero, al señalar que las limitaciones económicas y materiales no pueden usarse para justificar la ausencia de gestión, sensibilidad o voluntad, se establece un criterio de responsabilidad que evita el refugio en el contexto y exige a los funcionarios un margen de acción propio.
Es importante contextualizar este pronunciamiento en una línea de reiteración. En las páginas y medios de prensa del país ha sido recurrente el llamado a responder a la población, a eliminar la burocracia, a no dejar cartas ni llamadas sin contestación y a rendir cuentas públicamente por una atención deficiente. El propio anuncio de que funcionarios responsables deberán rendir cuentas públicamente se inscribe en esa continuidad. Esto sugiere que el tema no es un episodio aislado, sino una preocupación sostenida en el discurso institucional, lo cual refuerza su legitimidad como prioridad, aunque también plantea el desafío de que la reiteración se traduzca en resultados verificables y no solo en llamados.

En términos de valoración, el discurso acierta en el diagnóstico y en el marco de responsabilidad que propone. Sin embargo, su eficacia dependerá de que existan mecanismos concretos de seguimiento, trazabilidad de las quejas, plazos de respuesta, evaluación del desempeño institucional en esta materia y consecuencias reales para quienes incumplan. La rendición de cuentas pública anunciada es un paso en esa dirección, pero necesita institucionalizarse para no quedar sujeta a la coyuntura o a la voluntad individual. La ciudadanía no solo necesita saber que se le escucha, sino comprobar que su reclamo produce una solución o, al menos, una explicación oportuna y fundamentada.
Necesario recordar que no estamos solo ante una falta de sensibilidad o voluntad, sino ante un incumplimiento de un marco legal vigente, compendiado en la Ley de Información y Comunicación Social. Por tanto la obligación de responder no depende de la buena voluntad de los funcionarios, sino que está respalda por leyes concretas que hoy se incumplen sin consecuencias.
La intervención de Díaz-Canel es coherente con un discurso que ha insistido en la atención a la población como deber esencial. Su valor radica en insistir en la acción y el control, y en admitir que la falta de respuesta duele. El reto es que esa insistencia se convierta en práctica sistemática, medible y exigible, de modo que la escucha se transforme efectivamente en organización, planificación, acción y control.
