El ABC de los trabajadores cubanos

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Le contó a su esposa sobre lo defraudado que salió de aquella reunión donde sus argumentos como secretario de la sección sindical fueron una vez más menospreciados. Le refirió sobre un jefe taylorista que lo bautizó con el sobrenombre de atrevasa´o, por oponerse a todo cuanto significara una violación de los derechos y la seguridad de los trabajadores.

Fue su último encontronazo con aquel superior en cuyas palabras advirtió también una amenaza a la permanencia en su puesto laboral. “Antes de que me bote, me voy”, dijo y lo cumplió.

Fue cuando ella, desconocedora, como somos muchos, de la existencia de las leyes que nos amparan, sintió la necesidad de buscar un recurso que le permitiera ayudar a su compañero. Alguien la remitió a la Ley 116 o Código de Trabajo, documento que regula las relaciones laborales y establece los deberes y derechos de trabajadores y empleadores.

Buscó y encontró en aquel título, al que nunca antes le prestó atención, un apartado que le vino como anillo al dedo: El Capítulo II donde se recoge todo lo referido a las organizaciones sindicales. Justo en el artículo 16 se expresa que los dirigentes de las organizaciones sindicales tienen las garantías necesarias para el ejercicio de su gestión y que los empleadores no pueden trasladarlos, imponerles medidas disciplinarias, afectarlos en sus condiciones laborales, ni terminar su relación de trabajo con motivo del desempeño de sus funciones sindicales, cuando estas se realizan conforme a la ley.

En el mismo apartado se establece que los dirigentes de las organizaciones sindicales deben disponer de las facilidades apropiadas que les permitan el desempeño de sus funciones, condiciones que se acuerdan con el empleador y se suscriben en el Convenio Colectivo de Trabajo.

En el Artículo siguiente, el 17, se establece que el empleador debe poner al servicio de la organización sindical los locales y recursos que forman parte de su patrimonio, para las actividades de los trabajadores dentro de las normas que a tal efecto se establecen.

Con tales conocimientos como arma de defensa consiguió impregnarle un poco de ánimo a su esposo. Reconoció que conocía la existencia de Ley 116 pero solo ahora, cuando “le apretó el zapato”, buscó el remedio para ese mal. Así ocurre por la débil cultura jurídica que padecemos, aun cuando existe libre acceso a estatutos, códigos, a la mismísima Constitución de la República, ley suprema que deberíamos conocer como el Padre Nuestro.

Sucede que “nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”, como suele decir mi vecino Yúnior, y en consecuencia nos dejamos escamotear nuestros derechos y para ser justos, también quebrantamos deberes.

Ella se ha convertido en una promotora del estudio del valioso documento. Se lo sugirió a Javier, un amigo inconforme con los resultados de su evaluación artística, porque allí también aparece detallado todo ese proceso, e incluso el sistema de apelaciones para el caso.

O sea, que todo, o casi todo, para no pecar de absoluta, lo concerniente al ámbito laboral y a los trabajadores está escrito en este instrumento perfeccionado y atemperado a los cambios que se operan en la economía cubana, cuando se actualiza el modelo económico y aparecen formas de gestión no estatales, cuyos empleados y empleadores requieren también de reglas organizadoras.

La actual ley 116 del 2014, derogó a la 49 de diciembre del 1984, luego de un proceso de consulta durante el cual todo trabajador tuvo la posibilidad de participar con sugerencias o planteamientos de los cuales se generaron 171 mil 680 en todo el país que dieron lugar a modificaciones importantes y su cambio fue respaldado por el 99 por ciento de los consultados.

Tal vez su conocimiento oportuno le hubiera evitado al protagonista de esta historia los encontronazos con su superior, que quizás tampoco ha mirado hacia el interior del abecé de los trabajadores y empleadores cubanos.

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