Cuba: un estado de derecho y justicia social
- Por Yani Martínez Peña
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Fotos: Tania BatistaLos juristas holguineros hicieron balance de su gestión durante el año 2024 en presencia de Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del Partido; Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia; Yaisel Pieter Terry, miembro del Comité Central del PCC y secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Administración Pública; directivos, trabajadores, estudiantes de la Licenciatura y el Técnico Medio en Derecho y otros invitados.
Gertrudys Bejerano Tamayo, directora provincial de Justicia, presentó el pormenorizado informe sobre los principales resultados del periodo concluido y las insuficiencias a superar en el año que recién inicia. Destacó que en 2024, en medio de las complejas limitaciones que experimentaron todos los sectores, las instituciones de Justicia afrontaron un incremento notable de la demanda de sus servicios debido a múltiples causales socioeconómicas.
Lo anterior puede ilustrarse con algunos datos: se expedieron 289 mil certificaciones, 80 mil más que en el 2023; se brindó asesoramiento jurídico a 952 empresas; se constituyeron 593 nuevas mipymes y se atendieron 529 planteamientos de la población, que representan un incremento de 225 con respecto al periodo precedente. De la misma manera crecieron los trámites ante los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad.
Para sostener ese volumen de actividad y asumir desafíos como la transformación digital del sector, que incluye la digitalización de todos los registros y la formación de competencias digitales en el capital humano; así como el acompañamiento al intenso programa legislativo que desarrolla el país, ha sido imprescindible el esfuerzo redoblado de toda la fuerza laboral con la que cuenta el sector y el desvelo perenne de sus directivos.
Así lo reconocieron las autoridades presentes en el Balance, al tiempo que exhortaron a los colectivos a ir por más en el presente año, un periodo que se avisora igualmente complejo en materia de disponibilidad de recursos, fluctuación de la fuerza laboral e incremento en la demanda de los servicios jurídicos.
Durante su intervención final, el Ministro enfatizó en la necesidad de reforzar en el país un ambiente de legalidad, afianzado en el precepto constitucional de que "Cuba es un estado de Derecho Socialista y justicia social"; y reflexionó sobre el papel que deben desempeñar los trabajadores de Justicia para cumplir ese propósito, que implica elevar la calidad de todos los servicios que se prestan, potenciar el asesoramiento a las empresas del sector estatal y a los nuevos actores económicos, y elevar la cultura jurídica de la sociedad en general.
