¿La ley del más fuerte?
- Por Reynaldo Zaldívar
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Fotos: Del autor
Frente al hospital pediátrico de Holguín montamos en el triciclo. Una madre y su hija preguntaron cuánto costaba hasta el parque, que está a dos paradas de distancia. El chofer le dijo que 100 pesos. “¿Señor, el primer anillo no cuesta 50 pesos?”, le pregunté. “Son 100 pesos hasta donde vayan”, me replicó.
Quise hacer alusión a la ley. Me interrumpió para decir que esas leyes eran para el transporte estatal, que el Estado había puesto a los particulares la opción de oferta y demanda desde que se anunciaron las nuevas medidas. No quiso dialogar. Según él, que siguió hablando, el Estado ni siquiera es capaz de reclamarles a las MIPYMES por vender todo muy caro y por no aceptar transferencia. “Son 100 pesos hasta donde vaya, porque cuando voy a la MIPYME ellos no se compadecen de mí”, sentenció.
Una de las pasajeras dijo algo que me hizo pensar: “¿Quién le pone freno a esto?”. Realmente la cuestión no es si alguien viola lo establecido, porque siempre han existido los infractores. Lo que hay que preguntarse es a dónde han de ir los ciudadanos a reclamar cuando estas cosas sucedan, en qué tiempo y con qué efectividad se le da solución a la demanda.
Para conocer del tema me dirigí a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Holguín y conversé con Frank García Cedeño, jefe de transporte en el municipio, y con Orlando Pérez Tauriaux, viceintendente que atiende el transporte.
Frank García me explicó que, según un Acuerdo del Consejo de Defensa Provincial, se emitió un permiso especial que autoriza de modo legal a triciclos particulares a ofrecer el servicio de transportistas. Se determinó un primer anillo de hasta 5 kilómetros con un precio de 50 pesos y un segundo anillo con un costo de 100 pesos. Cuando se sobrepasan los límites de esos anillos, queda a consideración del chofer determinar el precio final. Para identificar a los vehículos autorizados se les rotuló con una pegatina visible. Caí en cuenta de que el triciclo que abordé no tenía pegatina, por lo que se trata de uno que ofrece el servicio de modo ilegal.
Según me comentó el jefe de transporte municipal, no cuentan con inspectores para enfrentar este flagelo; apenas disponen de “especialistas facultados” para identificar a los infractores. Orlando Pérez, por su parte, aseguró que la política no ha sido impedirles transportar, sino buscar que lo hagan de modo ordenado, pues es indiscutible el beneficio de los transportes privados en medio de la crisis.
Pérez me hizo notar que hasta la fecha no se ha emitido ninguna resolución que permita a los transportistas privados cobrar el precio que estimen. Las 176 medidas, según expresó, acaban de ser implementadas y se necesita estudiarlas a profundidad para ver que margen deja la ley para que los Consejos de Administración determinen si se puede o no establecer precios topados a un sector que, aun en las peores condiciones, en el pasado se ha mantenido protegido por el Estado. “Los consejos de administración tienen la facultad de hacer propuestas para, cumpliendo lo establecido, adaptar las leyes al territorio en cuestión”, remarcó.
La conversación con ambos funcionarios dejó claro que en Holguín se ha intentado ordenar el transporte urbano con una norma territorial (el permiso especial y sus dos anillos tarifarios), pero esa norma nace ya con una debilidad: la ausencia de fuerza inspectora, dejando margen a que se cometan ilegalidades.
La Resolución 115/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios fijó a nivel nacional tarifas máximas para el transporte interprovincial y estableció parámetros para el urbano, pero dejó a los territorios la definición de los tramos y los precios locales (Gaceta Oficial Extraordinaria No. 45, 5 de julio de 2024). En Holguín se optó por una fórmula de anillos, pero si no se controla, el infractor termina imponiendo la ley del más fuerte, como sucede con normalidad en la ruta Baleares-Hospital Lenin y otras de la ciudad donde hace mucho se cobra 100 pesos "vayas para donde vayas".
Las 176 medidas anunciadas este mes de julio, durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, buscan paliar una crisis sin precedentes en la Isla, agudizada de manera abrupta por las medidas impuestas por la administración Trump. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto entre la población, y se perciben lagunas en la interpretación de las mismas por parte de quienes han de implementarlas en los territorios. Además, no hay canales eficaces que permitan a la población denunciar hechos como el mencionado al principio, ni un efectivo método de control.
La experiencia pasada en medidas que tuvieron marcado impacto —como el reordenamiento económico de 2021 y la bancarización de 2023— nos muestra un camino indiscutible: la falta de seguimiento en la base y la ausencia de un control riguroso de las violaciones, acompañado de una comunicación ineficaz, dan margen a que los infractores hagan y deshagan a su antojo, pisoteando el derecho y la conciencia ciudadana.
Tocará a funcionarios públicos y directivos estudiar, implementar y modificar las medidas para que estas beneficien a los verdaderos protagonistas de la patria: el pueblo. Si, por el contrario, el Estado no logra hacer sentir su presencia reguladora en cada triciclo, en cada ruta, en cada precio abusivo, entonces aquella pregunta de la pasajera —“¿Quién le pone freno a esto?”— quedará flotando como una acusación muda. Y en el silencio, ganará el más fuerte.
