Transparencia y acceso a la información pública, tarea de primer orden
- Por Liban Fernando Espinosa Hechavarría
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El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como soporte a la transparencia y una mejor toma de decisiones para la gestión pública, es uno los propósitos del proyecto de ley que Cuba publicó sobre el derecho de acceso a la información pública y la transparencia.
Esta propuesta se conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 proclamada por las Naciones Unidas (ONU) que busca garantizar el acceso público a la información, proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales e internacionales y establecer las obligaciones que deben cumplir sus responsables.
Asimismo la Constitución de la República de Cuba pauta en sus artículos 53, 97 y 101, que todas las personas tienen el derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, acceder a la que se genere por los órganos del estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas.
Y es que vivir en transparencia es una exigencia democrática de las sociedades contemporáneas propia de las necesidades de control popular hacia las dinámicas que genera la actividad pública.
Esta es la primera vez que en Cuba se presenta una propuesta de norma jurídica de este rango, que además estará integrada al Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo. Esta disposición permitirá ordenar los refrendados sobre estos temas en el texto constitucional y facilitará el vínculo gobierno ciudadanía.
Dicho proyecto es aplicable a las personas naturales y jurídicas que prestan servicios públicos o reciben financiamiento u otros beneficios de igual naturaleza, se entiende como Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública el mecanismo de integración de la gestión de la información, documental y archivos.
Este documento legal se rige además, por las bases y principios reconocidos por Cuba, define los sujetos obligados, el régimen de excepciones al acceso y su relación con el Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivos de la República de Cuba.
La premisa de esta es lograr promover la cultura de la transparencia en la gestión pública, a partir de la aplicación de métodos comunes de regulación de los sistemas institucionales, patrimoniales y personales de gestión documental y archivos.
A partir de ahora se vislumbra un largo camino, donde los debates y aportaciones sobre el contenido de esta propuesta de ley aseguren de forma adecuada la premisa del artículo primero de la Constitución de la República, pues un Estado Socialista de Derecho es ante todo un estado transparente.