¿Justas prioridades?

 

En un brazo lleva apretado el estuche del clarinete; en el otro, a su niño de 18 meses y, colgados en ambos hombros, varios bolsos donde comparten espacio la ropa, los alimentos y otros objetos necesarios en el apartamento del quinto piso de “la Nana”, quien cuidará al bebé de ocho de la mañana a cuatro o cinco de la tarde.

Liliana, concertino de la Banda de Música Provincial, mientras camina cada mañana con paso ágil hacia la vivienda de quien llama mi ángel salvador, revive olores y sabores de la “papa” del círculo infantil (CI) Amiguitos de Celia, donde aprendiera a comer y acordonarse los zapatos sin ayuda de adultos, los colores y otros tantos detalles difíciles de olvidar.

Desde que entregó su documentación de solicitud para el CI, casi en la misma “cuarentena” imaginó a Reyli corretear en “Amiguitos de Celia” y aprender allí tanto como ella lo hizo en sus primeros años de vida, pero nada fue como pensó. Muchas han sido las diligencias en defensa de su derecho, como madre trabajadora, por lograr una capacidad en una de esas instalaciones, prioridad no otorgada, a pesar de estar considerada de imprescindible en la Banda de Música Provincial.

Pero el caso de Liliana no es único; por el contrario, en la provincia en estos momentos hay 2 mil 609 solicitudes pendientes, de las cuales más de mil 270 corresponden al municipio de Holguín, donde está el mayor número de estos centros educacionales (29, incluyendo dos del nivel educativo especial).

El territorio holguinero, tercero más poblado del país, precedido por La Habana y Santiago de Cuba y con más de 10 mil nacimientos anuales, como promedio, apenas tiene 62 círculos infantiles, de los cuales 43 han recibido acciones de mantenimiento y reparación en los últimos años (actualmente en este proceso se encuentra Mis primeros años), que dan cobertura a unos 9 mil 600 infantes.

Entre las proyecciones más inmediatas solo está la de construir una nueva instalación en el municipio de Antilla y ampliar un salón en el ya existente allí; además de aumentar otras dos salas en el de “Rafael Freyre”, según Yaima Cruz de la Cruz, jefa del nivel educativo Primera Infancia en la nororiental provincia cubana.

Contrario a lo que muchos piensan, Educación no otorga por sí sola el CI, porque para el proceso de solicitud, asignación de capacidades y finalmente entrega de plazas existen normas y procedimientos inviolables, regulados por la Resolución No. 6, del 2017, del Ministerio de Educación.

Precisamente, ante reclamaciones y mitos diversos sobre este tema, este equipo de reporteras dialogó con varios funcionarios directamente relacionados con la actividad y la población. Una de las primeras en despejar dudas fue Yaima Cruz de la Cruz, quien señaló que “de acuerdo con la Resolución mencionada, en cada municipio está constituida la Comisión de Otorgamiento, presidida de manera indelegable por el Director de Educación del territorio y otros dos compañeros de ese organismo, que por lo regular es el responsable de la Educación de la Primera Infancia y la Metodóloga de Otorgamiento, además de la FMC, la CTC y la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, y es invitada también a participar una representación de la Anap, en el caso de comunidades rurales”.

Además, especificó que el Consejo de Administración de cada territorio determina cuáles son los organismos priorizados, en correspondencia con las necesidades del desarrollo económico y social del municipio y, a partir de ahí, se distribuyen las capacidades disponibles en cada otorgamiento.

Con esta premisa y saber que los municipios de Báguanos, Banes, Calixto García y Holguín son los de mayor número de quejas, fuimos al encuentro de Juana Spencer Blake, metodóloga de otorgamiento en el territorio cabecera, quien de manera meticulosa tiene organizada la documentación de cada uno de los 15 Sindicatos y en ellos la relación nombre a nombre de las mujeres trabajadoras con el orden señalado por los del movimiento obrero.

“La Comisión se reúne todos los meses y evalúa el comportamiento de la matrícula, la demanda y situación de los organismos priorizados, que en nuestro caso son Educación y Salud Pública, y jueces y fiscales dentro del Sindicato de la Administración Pública ( SNTAP), y en las FAR, a oficiales; además la disponibilidad de capacidades por asignar, es función de este grupo de trabajo, pues la decisión de a quién se le da primero o después es solo facultad de los organismos, de acuerdo con las capacidades entregadas”, detalló Juanita.

Hay otorgamientos mensuales para el segundo año de vida, entre los que cumplen 11 meses de nacidos y en esos encuentros también evalúan otros años, por si se producen bajas por diferentes causas, como la pérdida de vínculo laboral de la madre y salida definitiva del país. Las entregas masivas son en junio-julio, cuando egresan los niños de sexto año de vida y hay pase de uno a otro salón.

La prioridad comienza desde el Consejo de Dirección. Los factores del centro aprueban orden de primacía, teniendo en cuenta a las obreras con dos o más hijos y evaluación integral de desempeño. La decisión adoptada tiene que ser informada al colectivo y de ahí se traslada al Sindicato. “No todos los sectores llevan este trabajo con la misma exactitud y de ahí la cantidad de quejas; entre los más recurrentes están Comercio y Administración Pública”.

Sin embargo, Angélica María Matos Gómez, miembro del Buró provincial del SNTAP, asume otro criterio: “A nosotros tributan 47 organismos con más de 6 mil afiliados. El municipio cabecera es el más complejo, porque tiene la totalidad de las entidades y organizaciones que congrega este gremio. De las solicitudes pendientes del corte masivo quedan más de 50 madres de los años 2014 hasta 2019. En la actividad bancaria y de la Aduana está concentrada la mayor demanda, pero también hay casos no resueltos de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación. Para establecer las prioridades, bastante difícil por la cantidad de solicitantes y el ínfimo número de plazas que nos dan, rotamos las entidades que van cogiendo, aunque siempre en primera preferencia están las madres con dos o más niños”.

Similar defensa hizo Mirlán Soto, secretario general del Sindicato de Comercio, Gastronomía y los Servicios (SNTCG): “Todas las entidades de este sector las acogemos; además de la Universal, los frigoríficos, la Epag, la Mayorista de Alimentos y los cuentapropistas que laboran en actividades afines. En el corte masivo somos un poquito más favorecidos, pero generalmente no exceden las cuatro plazas”.

Juanita reiteró como aspecto muy importante y requerido de resolverse en los centros, entidades y sindicatos, la falta de información fluida y precisa. “La mujer trabajadora desde el momento que pare y tiene la tarjeta del menor, ya puede comenzar a realizar los trámites, que inician con la búsqueda de la planilla, la que llenarán el responsable de Recursos Humanos y la sección sindical de su centro de trabajo. Ese documento, junto con un aval bien fundamentado, la Tarjeta del Menor y su Carné de Identidad lo despachará en nuestra oficina, donde recibirá un comprobante, el cual presentará al Sindicato para que la incluya entre las prioridades”.

Sobre la verificación para conocer que, ciertamente, la madre permanece vinculada al trabajo, fue otro aspecto aclarado, a partir de criterios sobre personas que dejan el sector estatal y pasan a ser trabajadores por cuenta propia, pero que apenas pagan la patente sin ejercer la labor.

“En el municipio de Holguín tenemos unas 240 trabajadoras no estatales con niños en círculos, cuya mayoría procedía del sector estatal.

 

 

Ellas, como las demás trabajadoras, deben actualizar su situación laboral dos veces al año, pero la verificación debe ser siempre por los organismos correspondientes y en el caso de los niños se realiza actualización en cuatro ocasiones en 12 meses”, explica Spencer Blake.

Ser madre trabajadora implica grandes retos y sacrificios. Sobre todo cuando se espera por una plaza de Círculo infantil, y en su defecto, hay que desembolsar cada mes 250 pesos o más a una “cuidadora particular” o “asistente de niños”; por eso hacer cumplir y velar por el respeto a lo legislado es una obligación de todos los que intervienen en este proceso, para ser siempre justos y procurar que de ese derecho disfruten las mujeres que verdaderamente lo requieren y merecen.