Del anhelo de una provincia al poder del pueblo
- Por Reynaldo Zaldívar
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Foto: Archivo de Víctor Aguilera Nonell
La constitución de los órganos del Poder Popular, en noviembre de 1976, marcó un momento decisivo en la organización política y administrativa de Holguín. Sin embargo, aquel acontecimiento no surgió de la nada. Fue el resultado de un largo proceso de transformaciones institucionales y de una aspiración que varias generaciones de holguineros habían defendido: contar con una provincia propia, capaz de atender sus necesidades y potencialidades.
La doctora en Ciencias Históricas Mayra San Miguel Aguilar reconstruye ese camino en su libro Los órganos del Poder Popular en Holguín. 1976-2019. En sus páginas recuerda que la pretensión de establecer una séptima provincia, con capital en Holguín, estuvo presente desde el siglo XIX y reapareció en diferentes momentos de la historia nacional.
Durante la entrevista concedida para este trabajo, la investigadora explicó que aquella demanda respondía a razones económicas, políticas e identitarias. La extensión de la antigua provincia de Oriente y las diferencias entre sus regiones hacían cada vez más visible, a juicio de sus promotores, la necesidad de una estructura administrativa que respondiera a las particularidades del norte oriental.
La campaña cobró fuerza en la década de 1940. El 15 de enero de 1945 se constituyó el Comité Pro Séptima Provincia, que impulsó acciones de movilización popular y promovió el proyecto como una vía para favorecer el desarrollo económico de la región. Ni las gestiones realizadas durante la República ni las iniciativas posteriores consiguieron entonces ese propósito.
La aspiración tendría que esperar al triunfo revolucionario y a un proceso de reorganización del Estado que, como explica San Miguel, atravesó distintas etapas antes de alcanzar una estructura institucional definitiva.
Entre 1959 y 1976, Cuba vivió un período de provisionalidad en el que se ensayaron diferentes formas de gobierno local. En Holguín, la primera organización revolucionaria municipal dio paso al Comisionado, figura que concentró funciones de gobierno y administración. Más adelante surgieron las Juntas de Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI), concebidas para articular el trabajo de los organismos estatales y propiciar una mayor participación de las masas.
La historiadora considera que las JUCEI representaron un paso importante en la búsqueda de instituciones más amplias y participativas, aunque su compleja estructura y las dificultades de coordinación limitaron su funcionamiento. La experiencia acumulada condujo, entre 1965 y 1966, al establecimiento del Poder Local, otra etapa en la construcción de mecanismos de gobierno desde los municipios.
Aquellas administraciones atendían servicios y problemas cotidianos de las comunidades, pero también tropezaban con limitaciones materiales y organizativas. San Miguel documenta, entre otras dificultades, la insuficiencia de equipos para la recogida de desechos sólidos y la incapacidad de responder a la creciente demanda de viviendas. La experiencia, con sus avances y contradicciones, dejó aprendizajes para el perfeccionamiento posterior de las instituciones.
En ese camino se inscribieron también algunos experimentos de gobierno local. Uno de los más significativos tuvo lugar en Gibara, donde el 6 de enero de 1970 quedó constituido el llamado Gobierno de los Doce. Sus integrantes representaban a organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución y la Unión de Jóvenes Comunistas.
Según recoge la investigadora, sus miembros fueron elegidos mediante voto secreto y directo, y asumieron responsabilidades sin recibir remuneración por esa labor de dirección. El experimento permitió explorar formas de participación popular en la gestión de los asuntos locales y constituyó una experiencia particular dentro de los intentos de perfeccionar el gobierno en la base.
El paso hacia una nueva organización del Estado se definió en el proceso de institucionalización impulsado a mediados de la década de 1970. San Miguel identifica entre sus pilares la aprobación de una nueva Constitución, la división político-administrativa del país, la creación de los órganos del Poder Popular y el establecimiento de un nuevo sistema de dirección y planificación de la economía.
El 3 de julio de 1976 se firmó la Ley número 1304, sobre la División Política Administrativa. La disposición estableció 14 provincias y 169 municipios, y puso fin a la estructura de regiones que había funcionado durante los años anteriores. Su artículo 13 definió la provincia de Holguín, integrada por 14 municipios y con capital en la ciudad del mismo nombre.
La nueva provincia reunía territorios de las antiguas regiones de Banes, Mayarí y Holguín, además de otras áreas. De ese modo, como señala San Miguel, la ley coronó el esfuerzo de generaciones de holguineros que habían defendido desde el siglo XIX la creación de una provincia en la costa nororiental.
En los meses siguientes se desarrolló el proceso de elección y constitución de las nuevas estructuras de gobierno. Holguín contó con 1 011 circunscripciones electorales y más de 400 000 electores. El 7 de noviembre de 1976, a las nueve de la mañana, quedó constituida la Asamblea Provincial del Poder Popular, en la sala Víctor Jara de la ciudad. Carlos Galván Vila fue elegido presidente.
La fecha quedó inscrita también en la historia del país. En el acto de constitución de los órganos locales, Fidel Castro expresó que la provincia de Oriente no se había dividido, sino multiplicado, y llamó a las nuevas provincias a cooperar entre sí y a trabajar por su propio desarrollo, sin esperar únicamente las iniciativas del Gobierno Central.
Cincuenta años después, la historia de aquella constitución institucional permite volver sobre una pregunta que no ha perdido vigencia: cuánto puede hacer un territorio cuando sus instituciones conocen sus problemas, aprovechan sus recursos y cuentan con la participación de sus habitantes.
En la entrevista, Mayra San Miguel insistió en la importancia de la descentralización, la autonomía municipal y la corresponsabilidad entre los diferentes actores de la sociedad. A su juicio, la capacidad de resolver los problemas desde la localidad y de involucrar a la población en las decisiones constituye una condición esencial para una gestión más efectiva.
La historiadora reconoce los avances, las contradicciones y los errores que han acompañado la evolución de los órganos del Poder Popular. También advierte sobre la necesidad de preservar y fortalecer los mecanismos de participación popular, de modo que el ejercicio del gobierno no se aleje de las comunidades.
La historia de Holguín, desde aquella antigua aspiración de convertirse en provincia hasta la constitución de su primera Asamblea Provincial, muestra que las instituciones no son estructuras inmóviles: nacen de circunstancias concretas, se transforman y deben responder a las necesidades de su tiempo. En esa capacidad de escuchar al pueblo, reconocer las particularidades de cada municipio y convertir la participación en decisiones y soluciones, se encuentra uno de los desafíos fundamentales del poder local.
