Cuba demanda
- Por Claudia Arias Espinosa
- Hits: 3672
Es 31 de mayo de 1999. Tras 40 años de Revolución, y poco antes de que empezara el nuevo milenio con su promesas y esperanzas, la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, recibió la Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por daños humanos.
El título no dejaba lugar a dudas: el pueblo cubano, a través de sus organizaciones de masas y sociales, denunciaba en aquel documento “la aplicación, por Estados Unidos, de una brutal política de hostilidad y agresiones de todo género destinada a destruir la Revolución Cubana, reconquistar el país y reimplantar el sistema de dominación neocolonial que durante más de medio siglo impuso a Cuba”.
Acciones políticas, militares, económicas, biológicas, diplomáticas, psicológicas, propagandísticas, de espionaje, actos terroristas y de sabotaje, la organización y apoyo logístico a bandas armadas y grupos mercenarios clandestinos, el aliento a la deserción y emigración, intentos de liquidar físicamente a los líderes del proceso revolucionario cubano…
Tales eran las aplicaciones de esa política que, entre otros daños, había causado 3 mil 478 cubanos fallecidos y 2 mil 99 incapacitados, así como:
“incalculable sufrimiento a los ciudadanos de este país, penurias ante la carencia de medicamentos, alimentos y otros medios indispensables para la vida (…) peligros constantes resultado de la subversión política e ideológica desatada, lo que ha significado el sufrimiento sostenido, general e injustificado de todo un pueblo, daño que se caracteriza además por su perennidad y casi inestimable magnitud...”
La demanda se fundamentaba en las “importantísimas declaraciones públicas de autoridades del Gobierno de Estados Unidos, así como de las incontables e irrebatibles pruebas acumuladas por las autoridades cubanas y, de modo particularmente elocuente, por los numerosos documentos secretos desclasificados”.
Se refería al “Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro” (aprobado el 17 de marzo de 1960 por Dwight D. Eisenhower) y al “Proyecto Cuba” (presentado el 18 de enero de 1962 por el general de brigada Edward Lansdale, que fue ejecutado en la llamada Operación Mangosta).
El Tribunal Popular Provincial de Ciudad de La Habana, basándose en los preceptos de la Constitución de 1976 y el Código Civil de Cuba, dictaminó entonces que el gobierno agresor debía indemnizar al pueblo cubano con el pago único de 181 mil 100 millones de dólares, puesto que además:
“Según la práctica internacional, los Estados son responsables por los daños y perjuicios causados por su conducta y actos —tanto en el orden legislativo como administrativo y judicial—, la de sus agentes y funcionarios, e incluso por los actos de las personas naturales de cada país, si los órganos correspondientes de dicho Estado omitieran tomar medidas de prevención o supresión, y, en consecuencia, se hallan en el deber de reparar los daños y perjuicios causados, lo que universalmente se califica como responsabilidad civil”.
El Tribunal también exhortó al gobierno norteamericano “a que públicamente se retracte por el daño moral del que han sido objeto tanto los familiares como las víctimas de los hechos narrados en esta demanda”.
Ni Barack Obama, el presidente de Estados Unidos que en los últimos tiempos dio los pasos más significativos hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, cumplió ese deber moral.
Al calor de la visita del ex mandatario, el periodista Enrique Ubieta Gómez expresó en su artículo Lo que dice y no dice Obama, publicado en el diario Granma, el 23 de marzo del 2016:
“¿Por qué ahora?, pregunta Obama, y seresponde con naturalidad: “Lo que estaba haciendo Estados Unidos no funcionaba”. Pero,¿no funcionaba?, ¿no sería mejor decir que erainmoral?, ¿que causaba sufrimientos, e inclusomuertes? “El embargo hería a los cubanos envez de ayudarlos”. Nos hería en nuestros sentimientos de pueblo digno, sí, pero tambiénafectaba nuestras vidas. El bloqueo es criminal. ¿No debía acaso pedir perdón, en nombredel Estado que representa, a todos los cubanos?”
Dos días después, en el mismo diario, Darío Machado lo señalaba otra vez: “No se disculpópor los crímenes contra Cuba, no mencionó labase naval de Guantánamo, no habló de la Leyde Ajuste Cubano, no dijo por qué no hace máscontra el bloqueo pudiendo hacerlo, y muchas otras increíbles omisiones”.
Con la actual administración de Donald Trump, y tras la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, la Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos tendrá que continuar esperando por la renuente aparición de la justicia.
