Cuba impulsa su desarrollo con profundas transformaciones económicas y sociales
- Por Liban Fernando Espinosa Hechavarría
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Foto: Estudios Revolución
El Primer Ministro presentó las propuestas ante el Pleno del Comité Central, las cuales fueron analizadas y respaldadas por la Asamblea Nacional, destacando la autonomía empresarial, la apertura a nuevos actores y la protección social.
Las recientes sesiones extraordinarias del Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de la Asamblea Nacional del Poder Popular concluyeron con la aprobación de un paquete de medidas de gran envergadura, cuyos acuerdos ya fueron informados tanto a los integrantes de ambos órganos como al pueblo cubano. Estas disposiciones fueron concebidas para superar la compleja situación económica actual, reconocida como la más dura desde los años del Periodo Especial, y se implementarán con el firme propósito de preservar los principios de justicia social y protección a los sectores más vulnerables de la población.Durante la sesión del Pleno, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, expuso ante los máximos órganos del Estado las propuestas, que suponen cambios trascendentales en la manera de gestionar la economía cubana. Estas transformaciones buscan eliminar restricciones que limitaban el desarrollo de las fuerzas productivas, otorgando una autonomía plena a la empresa estatal socialista. Quedó establecido que, en lo adelante, las empresas estatales podrán realizar cuantas actividades lícitas determinen, distribuir sus utilidades después de impuestos conforme a sus propios criterios y fijar los salarios de sus trabajadores, lo que les permitirá una gestión más ágil y eficiente.
En un giro significativo, los diputados respaldaron que cada medida aprobada para el sector privado sea extensiva de manera automática a las empresas estatales, equiparando las condiciones de todos los actores económicos y fomentando un entorno de sana competencia. Con los nuevos acuerdos, las empresas del Estado ya no estarán sujetas a regulaciones administrativas rígidas, sino que podrán decidir su rumbo comercial y financiero, siempre dentro del marco legal establecido, lo que representa un estímulo vital para su recuperación y crecimiento.
En cuanto a las formas de gestión no estatal, las medidas aprobadas resultaron igualmente significativas y responden a las demandas de este sector. Se acordó la autorización, antes de finales de junio, de todas las PYMES y CNA que se encontraban pendientes de aprobación, dando una solución definitiva a la acumulación de expedientes. Además, se aprobó la reducción drástica de los requisitos, trámites y términos para la creación, conversión y operación de estas entidades, y se autorizó la contratación de más de 100 trabajadores en el sector privado, así como la posibilidad de que una misma persona tenga más de una empresa.
Los acuerdos de la Asamblea Nacional incluyeron también la concesión de derechos reales, como el usufructo o el derecho de superficie, a los actores no estatales, brindándoles mayores garantías legales sobre los activos que gestionan. Paralelamente, se redujo el listado de actividades prohibidas, permitiéndoles realizar cuantas actividades deseen, siempre que sean lícitas y no abandonen su actividad principal. Un paso de gran relevancia fue la autorización al sector privado para importar y vender combustibles, incluso de manera minorista, lo que contribuirá a aliviar las tensiones en el suministro energético y dinamizar la logística interna.
En el ámbito del comercio, los debates parlamentarios concluyeron con el acuerdo de avanzar progresivamente en la eliminación de la gestión administrativa estatal sobre estos, priorizando la recuperación del sector y su adaptación a las nuevas condiciones. Se autorizó la entrada de cadenas de tiendas internacionales, marcas y franquicias, diversificando la oferta comercial y elevando los estándares de servicios. Asimismo, se eliminaron los precios establecidos de manera administrativa, los cuales se formarán según el mercado, y se suprimió la obligatoriedad de entidades empleadoras para la contratación, flexibilizando las relaciones laborales.
En el sector exterior, se flexibilizaron las reglas para el comercio, abriendo nuevas oportunidades para los productores nacionales. Quedó aprobado que los campesinos podrán importar directamente combustibles, comercializarlos y exportar sus producciones de manera directa, acortando los circuitos de comercialización y mejorando los ingresos del sector agrícola. Se autorizó, además, el comercio exterior en formas de gestión no estatales, lo que complementa y dinamiza la economía nacional. Para estimular la inversión foránea y garantizar la estabilidad de los proyectos, se acordó extender hasta 99 años el usufructo de la tierra para la inversión extranjera.
Otras medidas anunciadas y refrendadas por los diputados abarcan diversos sectores estratégicos. Se autorizó la gestión de la banca privada, incluyendo las casas de cambio, lo que amplía el espectro financiero del país. En el ámbito inmobiliario, se abrió la puerta a la gestión privada y a la inversión extranjera. En el sector turístico, se aprobaron las agencias de viajes, rentas de autos y guías turísticos en formas de gestión no estatal, enriqueciendo la oferta de servicios para los visitantes.
Entre los acuerdos adoptados, también se autorizó la importación con carácter comercial de las personas naturales, cuyos impuestos se pagarán en dólares, regularizando el desempeño de las conocidas "mulas" y canalizando estos flujos hacia la economía formal. Se aprobó la venta ambulante de productos y se autorizó la importación de carros sin límites en las cantidades, respondiendo a una demanda acumulada de la población. Además, se aprobó el cobro de tarifa por la recogida de desechos sólidos, estableciendo tarifas más bajas para personas en situación de vulnerabilidad, y se implementó un régimen simplificado de tributación para los pequeños negocios, aliviando la carga fiscal de los microemprendedores.
La Asamblea Nacional del Poder Popular discutió y aprobó estas propuestas con el convencimiento de que el éxito de estas transformaciones radicará en su correcta implementación y en la capacidad de monitoreo del Estado. Las medidas buscan que todos los actores económicos puedan realizar todas las actividades posibles mientras no sean ilícitas, eliminando trabas burocráticas y otorgando un marco legal claro y estable. El desafío mayor, tal como quedó expresado en los debates, será proteger, con toda la justicia social posible, a quienes hoy viven en las situaciones más duras, garantizando que el desarrollo económico vaya acompañado del bienestar del pueblo cubano, bajo la dirección del Partido y el Gobierno. Con la información ya socializada entre la militancia y la población, el país se prepara ahora para la fase crucial de la puesta en práctica de estas transformaciones.
