Atención a la Población: derecho constitucional

Desde el 2021 la septuagenaria Blanca realiza gestiones para tratar de restituir la malograda escalera que permite el acceso a su vivienda en una segunda planta. Promesas no cumplidas, evasivas y silencios han sido las respuestas recibidas de las instituciones a donde acude en busca de ayuda.

Lamentablemente, se trata de un esquema recurrente, aun cuando la Atención a la Población por las entidades estatales y el Gobierno es un derecho constitucional del ciudadano y suceso de extraordinario significado político por ser una valiosa fuente de información que generalmente señala focos de problemas, dificultades, errores, y bien utilizado se convierte en un instrumento que ayuda a transformar concepciones y métodos de trabajo para elevar la calidad de los servicios en un sector determinado.

Igualmente, se considera una tarea de primer orden que no puede verse como un simple trámite burocrático o un favor, pues las personas están amparadas legislativamente para dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están en el deber de tramitarlas y dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en plazos determinados según el procedimiento establecido en ley.

Cierto que resolver las problemáticas planteadas no siempre está en manos de quienes reciben y tramitan las quejas, no obstante asisto con regularidad a encuentros de trabajo donde la dirección del Gobierno en la provincia, ocurre también con esta estructura a nivel de país, analiza el estado de este proceso y precisa la disminución de las respuestas negativas y las no soluciones, pues la política es buscar medios y recursos alternativos para remediar las necesidades de la población.

Sobran los ejemplos de funcionamiento acertado del Sistema de Atención a la Población (SAP), pero existen fisuras, demasiadas para la prioridad gubernamental que se le concede al asunto, como lo demuestran la cantidad de quejas que se tramitan a través de espacios establecidos en los medios masivos de difusión y en las redes sociales. Es esta una de las razones del perfeccionamiento del cual está urgido el SAP en las entidades por ser la vía inicial a donde la ciudadanía acude a plantear sus dificultades.

La mejoría contempla elevar la calidad de las respuestas que se les ofrecen a la población, profundizando en las causas que generan el estado de insatisfacción, así como corregir los métodos y estilos de trabajo de los integrantes de este sistema, que requiere formarse por personas con elevada idoneidad, pero también con deseos de hacer y ayudar, con capacidad para decidir, resolver, sugerir la solución de los asuntos con prontitud.

En momentos de tanta complejidad en todos los órdenes, cuando las personas se sienten atrapadas entre tantos agobios, urge despojar al SAP de laberintos burocráticos, obstáculos, acomodamientos y olvidos, y dotarlo de procederes expeditos y ágiles.

Se trata de una política de principios inherente a nuestro sistema de gobierno popular, por tanto las respuestas para nuestra gente no pueden ser jamás la indiferencia, el peloteo, el desamparo; menos para quienes, como Blanca, que a sus más de siete décadas y una pierna que insiste en inmovilizarla, se mantiene activa desde las organizaciones comunitarias echando pa´ lante esta sociedad de todos y para el bien de todos.

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