El antiguo acoso del norte

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De cuánto puede tener un poeta o un cantautor de agorero hablamos muchos fanáticos de Silvio Rodríguez, quienes descubrimos en sus letras inquietudes filosóficas, preguntas y respuestas.

Por estos días, a propósito de los desmanes del inquilino de la Casa Blanca y la activación del capítulo III de la Ley Helms Burton, he recordado el viejo tema: Me acosa el carapálida, que resulta sorprendentemente actual.

La tierra me quiere arrebatar, el agua me quiere arrebatar, el aire me quiere arrebatar…, esta es la metáfora que busca hacer realidad la administración norteamericana con el objetivo de asfixiar a la Revolución Cubana. No hay nada nuevo bajo el sol al respecto, es el mismo ardid imperialista desde la doctrina Monroe hasta hoy.

Cuando se trata del proceso de nacionalización en Cuba, el gobierno norteamericano maneja de forma unida los conceptos de nacionalización y confiscación para confundir, aunque son términos diferentes. Es incorrecto e induce al error considerar que nuestro proceso de nacionalización se trata de un proceso de confiscación.

Para profundizar en el tema dialogamos con Nelson Favio Plutin Santos, director de Justicia en Holguín, quien asevera: “El marco jurídico de las confiscaciones y nacionalizaciones cubanas, despeja cualquier duda sobre la legalidad de las acciones reivindicatorias patrimoniales del Gobierno Revolucionario en beneficio del pueblo, que en ningún sentido fue un proceso anárquico.

“Es importante conocer que la confiscación es derivada y accesoria a un delito, en que el comisor debe responder con sus bienes, y no lleva aparejada compensación alguna. A partir de enero de 1959, se declararon por Ley, los actos confiscatorios a malversadores del patrimonio del Estado, torturadores, empleados de la tiranía de Batista que esquilmaron el erario público y dejaron en la miseria al pueblo de Cuba.

“Mientras que la nacionalización es un acto de reivindicación económico-social por causas de interés nacional, de beneficio popular y sí lleva aparejada, como establece la Constitución, una apropiada indemnización. No considera que el sujeto expropiado ha cometido delitos y, por consiguiente, no es penado por la Ley”, aseveró el licenciado.

No es algo que inventamos los cubanos, dentro del Derecho Internacional, las nacionalizaciones se asientan en el principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El proceso de confiscación comenzó antes con la Ley No. 78, del 13 de febrero de 1959 y la Ley No. 151, del 17 de marzo del mismo año.
 
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Es justo a partir de la Primera Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, que se desencadenan los actos de nacionalización y esta y las demás leyes que le siguieron, ejecutaron el principio de la indemnización, reconocido en el Derecho Constitucional Cubano.

El Gobierno de Cuba que hizo suyo el derecho de compensación, consagrado en la Constitución cuando se confisca una propiedad privada por razones de utilidad pública o interés social o nacional, firmó varios convenios de indemnización con Suiza, Francia, Canadá, Gran Bretaña, España, entre otros, cuyos ciudadanos fueron afectados por las disposiciones de nacionalización.

Sólo el Gobierno de los Estados Unidos privó a sus ciudadanos del derecho de recibir la compensación que le otorgaba la Ley No. 851 de 1960 y en su lugar decretó un Bloqueo ilegal contra el pueblo de Cuba.

“No puede perderse de vista que gracias a la Revolución cientos de miles de familias campesinas son hoy propietarias de sus tierras, o las poseen en usufructos gratuitos y las explotan en forma individual o colectiva, y son propietarios de la maquinaria, talleres, ganado y otros bienes. Pero lo más importante es que convirtió al pueblo cubano en propietario de su propio país”, acotó Plutín Santos.

Posteriormente la Dirección de los Registros de la Propiedad, Mercantil y del Patrimonio, del Ministerio de Justicia contribuyó, con la promulgación del Decreto Ley No. 185 de 28 de mayo de 1998, al proceso de actualización de la inscripción de los inmuebles estatales, garantía del derecho conquistado, unido a la legalización e inscripción de los inmuebles en los Registros de la Propiedad, para ordenar y controlar las riquezas y el patrimonio de nuestro país.

Según informó Ali Álvarez Murgada, Registrador Mercantil y de la Propiedad de la Dirección Provincial de Justica, antes del 1959 en nuestra provincia operaban más de 270 Compañías, Sociedades Anónimas y Firmas con socios o capital extranjero, que explotaban la actividad minera, la agricultura, la ganadería y otras de industria manufacturera, quienes ocupaban grandes extensiones de tierras, centrales, industrias e inmuebles, de los cuales es hoy dueño el pueblo trabajador.

Desde 1996 Cuba declaró nula y sin valor la ley Helms-Burton. Nada bueno, ni nuevo le traen los vientos del norte a este país.Pero el norte brutal insiste, ya lo dijo el bardo iluminado: Me acosa el carapálida que siempre me acosó…que vive de acosar, y el mismo se responde: solo fuego… y solo fuego voy a dar, porque yo soy mi tierra, mi agua, mi aire...”
 

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