Reafirman enfrentamiento a sabotajes energéticos

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0704 sabotaje

El Ministerio del Interior (Minint) reafirmó desde su perfil en la red social Facebook la firmeza judicial del Tribunal Supremo Popular frente a los hechos de sabotaje que afectan el programa energético cubano, en correspondencia con el Dictamen número 475, de 23 de mayo de 2025.

Según la institución, la sustracción de componentes y recursos de parques fotovoltaicos, paneles solares y grupos electrógenos constituye delito de sabotaje previsto en el Artículo 125 del Código Penal, con sanciones de siete a quince años de privación de libertad.

La norma establece que, cuando se ocasionen lesiones graves, muertes o se empleen medios capaces de producir consecuencias graves, la sanción puede extenderse de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua o muerte.

El Dictamen subraya que tales conductas lesionan infraestructuras críticas como el Sistema Electroenergético Nacional, cuya protección resulta esencial para la seguridad y estabilidad del Estado, el orden interno y el funcionamiento de bienes públicos.

El Artículo 80 del Código Penal contempla agravantes como la intervención de grupos de tres o más personas, la participación de menores de edad, el empleo de medios que provoquen peligro común, la nocturnidad o el lucro.

Asimismo, el Artículo 89 dispone que los sancionados deben extinguir al menos dos tercios de la sanción para evaluar la concesión de la libertad condicional.

Los tribunales, en cumplimiento del debido proceso y las garantías constitucionales, han impuesto condenas superiores a diez años de privación de libertad en el cien por ciento de los casos juzgados entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Las sentencias incluyeron medidas accesorias como la prohibición de salida del país, el comiso y la confiscación de bienes, además de restricciones de movilidad y responsabilidad civil.

El Tribunal Supremo Popular destaca que la aplicación rigurosa de la ley responde a la gran lesividad social de estos hechos y constituye garantía de protección al programa energético nacional.


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