Informatización sin sombras

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 No es que en la aplicación de la informática a los procesos de producción y servicios y el acceso de los cubanos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) reine la anarquía, sino que se carecía de un cuerpo jurídico que respaldara la implementación de la política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba.
 
Este trascendente momento se alcanza a partir de la consumación de un conjunto de normativas, de reciente puesta en vigor y publicación en la Gaceta Oficial de la República, que promueven el desarrollo y la utilización de las (TIC) por personas jurídicas y naturales de manera segura y responsable, pero que también comienzan a cortar el paso a la picaresca y la improvisación con reglas propias.
 
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Sobre la informatización de la sociedad cubana trata el decreto ley 370, destinado a elevar la soberanía tecnológica, contrarrestar las agresiones cibernéticas y salvaguardar los principios de seguridad de nuestras redes y servicios, elementos estos que se detallan en el resto de los decretos y normas en comienzo.
 
El decreto 359 reconoce la existencia de la industria cubana de programas y aplicaciones informáticas e instituye las regulaciones generales aplicables a la determinación de su alcance para promover, perfeccionar e incrementar la producción nacional y las exportaciones, así como contribuir a la sustitución de importaciones, además de estimular la producción de soluciones informáticas que contribuyan a la soberanía nacional tanto por la Empresa Estatal Socialista como a las formas de gestión no estatal.
 
La normativa busca, por ejemplo, estimular el desarrollo de Parques Científicos Tecnológicos, en lo que Holguín avanza pues se trabaja en el montaje del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Holguín, un espacio para la creación y la innovación desde la ciencia y la academia, que buscará soluciones informáticas y se proyectará hacia las necesidades de las entidades en relación con la tecnología para la producción de alimentos, bienes y servicios.
 
También se trabaja en el Centro Tecnológico liderado por Joven Club y que se dispone en áreas del bulevar de la ciudad de Holguín, donde antiguamente radicaba el Hotel Libertad. Contará con una vitrina para exponer lo que se geste en materia de prototipos y proyectos con acceso de toda la población.
 
Que la informatización avance unida a la ciberseguridad es el postulado básico del decreto 360, el cual establece el marco legal para la protección de las TIC y el ciberespacio nacional frente a amenazas, además se orienta a preservar la soberanía nacional en este ámbito, establecer una estrategia para la sostenibilidad y a crear capacidades para prevenir y gestionar incidentes de ciberseguridad, incluyendo la recuperación de los daños en caso de ocurrencia.
 
Para las personas jurídicasse regula por primera vez la validez de la firma digital, con el empleo de certificados digitales de Infraestructura Nacional de Llave Pública, lo cual garantiza mayor transparencia en los procesos de gobierno y comercio electrónico, agilidad y seguridad de las transacciones, así como la autenticidad de la información.
 
De igual forma dispone, para las personas jurídicas, la obligatoriedad del uso del antivirus nacional y la posibilidad de un extranjero autorizado por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (Mincom).
 
Entró en acción también el acuerdo 8611 del Consejo de Ministro para la implementación de la estrategia de desarrollo de la banda ancha en Cuba, basada fundamentalmente en la fibra óptica y las redes sociales, así como seis resoluciones ministeriales.
 
La 124 aprueba el reglamento para la producción y evaluación de las aplicaciones informáticas nacionales; la 125 decreta la inscripción de aplicaciones informáticas comercializables y autoriza el control administrativo del Mincom, además de un sistema de inscripción de productos y software, se orienta a ordenar los procesos de producción y comercialización en la industria de programas y aplicaciones informáticas, además de controlar almacenar y mantener actualizada la información sobre estos productos existentes en el país.
 
La resolución 126 regula las medidas de control y los tipos de herramientas de seguridad que se implementan en las redes privadas de datos, el 127 aprueba el reglamento sobre proveedores de servicios públicos de alojamiento y hospedaje en internet, así como la organización, funcionamiento y expedición de licencias de operación del proveedor de servicios públicos de alojamiento y de hospedaje en el entorno de internet en el territorio nacional.
 
La 128 subscribe el reglamento de seguridad de las TIC y establece las funciones de los sujetos que intervienen en esta, garantiza un respaldo legal que responda a las condiciones y necesidades del proceso de informatización de la sociedad.
 
Por último, la “129” certifica la metodología para la gestión de la seguridad informática en todo el país, para el diseño del sistema de seguridad informática y la elaboración del plan de cada entidad.Se trata de ordenanzas necesarias para que la informatización, ineludible, avance sin sombras y asegure su objetivo supremo: el desarrollo del país.

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