El impago del servicio de agua y la manipulación de los hidrómetros en las zonas donde estos están emplazados se han convertido en una problemática que causa daños económicos a la entidad encargada del suministro del recurso y se penalizan según lo dispuesto en el decreto 211: Contravenciones de las regulaciones para los servicios de acueducto y alcantarillados.