De la ley al orden

Cincuenta leyes y 123 Decretos Leyes han sido aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) desde que en 2019 entrara en vigor la actual Carta Magna de la República. El intenso proceso de actualización legislativa emprendido en el último lustro, responde a la necesidad de adecuar el sistema normativo a las actuales dinámicas socioeconómicas; y al deber de legarle a las nuevas generaciones un país, desde el punto de vista jurídico, más parecido a su tiempo, mejor ordenado para el presente y, principalmente, para el futuro.

Sin embargo, ese ambiente de orden y legalidad continúa siendo una asignatura pendiente, lo que obliga a formularse varias preguntas: ¿dónde se pierde la ruta entre la ley y el orden? ¿por qué si las leyes aprobadas son el resultado de exhaustivos procesos de consulta especializada y popular existen luego tantas desviaciones en su implementación final? ¿Cuánto más podemos y debemos hacer para que el espíritu innovador y humanista de estas normas salga del papel y ayude en la transformación positiva de nuestras complejas realidades?

Ante similares interrogantes y con pleno conocimiento de lo que ocurre en cada rincón de Cuba, fue indicado por la máxima dirección del país al Ministerio de Justicia, presentar a la ANPP una “Política para el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones y el fortalecimiento del asesoramiento jurídico”, acción que se llevó a cabo en la V Sesión Plenaria, recientemente concluida.

Las insuficiencias en el control a la implementación es una de las causas que conlleva al incumplimiento de las leyes, por tal razón este es un aspecto en el que la propuesta presentada pretende influir reforzando la actuación cotidiana de los directivos, la exigencia, la responsabilidad del órgano, organismo o institución rectora de cada norma y el perfeccionamiento de los sistemas de trabajo con apego a lo establecido.

De igual forma, se propone revitalizar el papel del asesoramiento jurídico a todas las instancias tanto en el sector estatal como para los nuevos actores de la economía, quienes quedarán obligados a contar con el mismo, de manera institucionalizada, a fin de garantizar en su desempeño cotidiano el apego a la legalidad.

Como último asunto, y el más importante de todos, resulta imprescindible elevar la cultura jurídica de la población, entendida no solo como el conocimiento de la existencia de la ley sino de su contenido, de los deberes y derechos que en cada ámbito de aplicación le reconoce a las personas y de las vías que tienen estas para denunciar su violación.

Contar con esta política resultará de gran utilidad como instrumento aglutinador de las múltiples acciones que pueden hacerse, pero ¿podrá otro papel ayudarnos a hacer cumplir lo escrito en medio centenar de papeles? Sí…y no, al menos no por sí solo.

Las leyes en Cuba se construyen mediante procesos de participación efectiva, y en dependencia de su ámbito de aplicación se realizan consultas especializadas y populares que involucran a miles de personas a lo largo y ancho de la isla, tratando por todos los medios de que sean un reflejo verdadero de nuestra sociedad con todos sus matices.

En todos los casos, los proyectos de ley se publican en la red y se establecen canales de comunicación para recepcionar todos los criterios de la población, de manera que cuando una ley es sometida a la aprobación del Parlamento ya ha pasado por un proceso previo de construcción colectiva y mejora, cuyo resultado es siempre un instrumento legal de reconocidos valores técnicos, actualidad y espíritu profundamente humanista, como esencia de nuestro sistema social.

Luego la ley cobra vida mediante su implementación, algunas en un ámbito muy específico de aplicación como la Ley de Sistema Deportivo Cubano y otras que implican a todas las instituciones, comunidades y llegan a cada uno de nuestros hogares como el Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, por solo citar dos ejemplos de los más recientes.

El reto está en mantener los mismos niveles de participación que se alcanzan durante la elaboración de las normas jurídicas en los procesos que se desencadenan luego de su aprobación: la implementación a todos los niveles y el control riguroso sobre su aplicación; no solo mediante otros instrumentos jurídicos o la labor imprescindible de los órganos facultados a tales efectos, sino a través del control popular, ese que es más efectivo en centros laborales y comunidades, allí donde más afecta y duele cada distorsión de la ley.