Precios ignorados
- Por Lourdes Pichs Rodríguez
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“¿Por qué los precios de los trabajadores por cuenta propia del bazar del hospital clínico quirúrgico Lucía Íñiguez son superiores a otros lugares de la ciudad? Allí un vaso de yogur vale cinco pesos, pero en otros sitios son tres; una lata de refresco gaseado tiene el valor de 20 y los bocaditos ni hablar, es una pequeña lasquita de queso o jamón que hacen sobresalir del pan para engañar al comprador. Esto no debe permitirse en un lugar, que por humanismo debería ser de otra manera”, escribió Alexander.
“¿Cómo se admite que algunos vendan las pizzas de ¨jamón¨ a siete pesos y hayan eliminado las de queso, cuando aquellas tienen apenas cuatro cuadritos como adornos de un embutido cualquiera?”, pregunta Alfredo.
Tomé al azar, dos de las múltiples preocupaciones recibidas en los últimos días y que contravienen lo establecido en la Resolución 302/2019 del Ministerio de Finanzas y Precios, a través de la cual se “establecen las regulaciones para los precios de venta de los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal”.
Recordemos, que a partir de su entrada en vigor y la facultad otorgada a los Consejos de la Administración, de adecuar a las particularidades y condiciones de sus respectivos territorios importes y tarifas fijos o máximos sobre productos y servicios que prestan los TCP, en Holguín fue establecida esta normativa en cada uno de los 14 municipios, atendiendo a sus características.
Durante su instrumentación se adoptaron varias decisiones, entre ellas la de crear el Grupo Observatorio Provincial de Precios y similar estructura en cada uno de los municipios; así como otros de enfrentamiento; además de varios canales de comunicación, a través de los cuales la población puede denunciar cualquier irregularidad observada en los establecimientos y emitir sus valoraciones.
Sin embargo, esta oportunidad facilitada a consumidores, clientes y pasajeros no ha sido aprovechada lo suficientemente y muchas veces las inconformidades quedan en el murmullo entre vecinos o familiares, sin darles curso por los canales establecidos, una de las causas por la cual no pocos transgresores siguen impunes y vendiendo al margen de los establecido, así como ilegales en su “lucha” desleal, muchas veces frente a establecimientos estatales, piqueras y puntos de venta oficiales.
A lo que se añade la falta de sistematicidad en las acciones de fiscalización y enfrentamiento por parte de los organismos correspondiente y de medidas ejemplarizantes contra los reincidentes en el cumplimiento de lo establecido en cuanto a los precios topados de alimentos, transporte y servicios.
Si no cómo explicar que algunos TCP continúen comercialicen, por cierto en sitios bien públicos, las latas de refrescos y maltas y cajas de jugo por encima de lo fijado (a propósito la red de tiendas recaudadoras no tiene ninguno de esos productos); así como también dulces, pizzas y otros de los más de 60 renglones con precios regulados por resolución.
O que otros, todos los días, expongan en mesas y mostradores productos del agro, la pesca, la avícola, la industria láctea y de otras mercancías de dudosa procedencia, en espacios altamente concurridos y cuya actividad trasciende por las violaciones de todo tipo, aquí se incluyen a TCP y también a ilegales.
De igual manera ocurre con algunos de los portadores de Licencias Operativa de Transporte, que violan de manera flagrante el valor de los pasajes a rutas con alta demanda de pasajeros, principalmente en la de El Coco, Aguas Claras, San Germán, Moa, Guardalavaca y otras.
Tratamiento aparte ameritan los propietarios de coche con caballos destinados al movimiento de personas, por sus “tarifas”, que pocos bajan de cinco pesos, aunque sean tramos cortos. Otro asunto a resolver es el desorden que suscitan algunos en determinadas piqueras. Por ejemplo, la miniterminal habilitada a un costado del hospital Lenin quedó en desuso y ahora la mayoría de esos TCP vociferan su ruta en la esquina de Cuba y Carbó, mientras los caballos dejan sus “huellas” malolientes en esas transitadas vías.
Conozco de los chequeos regulares establecidos alrededor de esta tarea y acciones emprendidas para hacer valer lo estipulado, pero todavía los resultados no son los esperados y así lo entiendo, a partir contrastar el número de TCP de la provincia-más de 43 mil 700, de los cuales más de 4 mil 800 están dedicados a la comercialización de alimentos y otros tanto en la actividad de transporte- el estado de opinión de la población y los datos facilitados por Yurián Ricardo Vega, subdirector general de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, sobre enfrentamiento a violaciones detectadas.
Por ejemplo, desde la creación de los equipos multidisciplinarios hasta el martes de 16 de octubre se habían impuesto 2 mil 909 multas a infractores, en su mayoría por la Dirección Inspección y Supervisión (Dis) y Transporte, por el monto de 615 mil pesos. Además, fueron retirados 10 permisos para ejercer la actividad de trabajador por cuenta propia y 36 licencias operativas de Transporte se cancelaron por la Unidad Estatal de Tráfico.
En este período se recepcionaron 488 quejas por violación de precios, de ellas la mayoría fueron tramitadas a través de Dis, con 322; así como en Transporte, 128; Dirección de Finanzas y Precios, 23; Fiscalía, seis y Portal del Ciudadano, cuatro, entre otros organismos.
Este es un asunto a seguir muy de cerca por los responsables de hacer cumplir y de que el peso de la ley caiga sobre aquellos que pretenden seguir al margen de lo aprobado por el Consejo de la Administración, sobre las resoluciones de topar precios en alimentos ligeros, productos del agro y el transporte.
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