Transformación con participación
- Por Maribel Flamand Sánchez
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Foto: Estudios Revolución
La reciente reunión del Consejo de Ministros en Cuba fue un parteaguas que manifiesta una realidad ineludible: Cuba se adentra en un rediseño complejo de su modelo, donde el discurso oficial transita con tensión entre la defensa de la construcción socialista y la necesidad imperiosa de transformar estructuras enquistadas.
Lo primero que salta a la vista es el pragmatismo de las medidas. No se trata de retórica, sino de cirugía económica. La descentralización de precios y salarios, el otorgamiento de facultades reales a la empresa estatal y, de manera paralela, la decisión de desatar los nudos burocráticos que atenazaban al sector no estatal, dibujan un mapa de flexibilización inédito. Permitir que las mipymes y cooperativas no agropecuarias contraten a más de 100 trabajadores o reducir la lista de actividades prohibidas no es un simple ajuste; es un reconocimiento tácito de que el actor privado, debidamente regulado, es un engranaje importante para generar riqueza y empleo en la coyuntura actual.
El primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República Miguel Díaz-Canel sitúa estas transformaciones en un marco ideológico irrenunciable: el dilema no es económico por sí mismo, sino existencial. "Salvar la Revolución" bajo el bloqueo más prolongado de la historia obliga a este giro. Las transformaciones no son una concesión al neoliberalismo, sino una estrategia de supervivencia histórica para oxigenar la economía sin perder la brújula de la justicia social. El mandatario insiste en que cada cambio debe ser explicado desde su aporte al desarrollo y la protección de los vulnerables, una acción clara para desactivar las campañas externas con hechos internos.
Pero el aspecto más revelador, y quizás el más trascendente, es el método participativo que se impone, aunque en este procedimiento de contar con el consenso del pueblo Cuba acumula experiencias válidas. El presidente cubano no se limita a anunciar decretos, convoca a escuchar, a debatir y a construir consensos, admitiendo explícitamente que "no tenemos una discusión agotada". Esta declaración rompe con cualquier estereotipo de verticalismo inflexible. El hecho de que se hayan recibido 673 propuestas y se haya aceptado el 79 por ciento es un dato revelador y evidencia de que las reformas no se construyen únicamente desde la dirección del país, sino que se erigen también en el diálogo con las bases. Su advertencia de que "no vamos a lograr implementar bien las transformaciones si no participa la población", es la clave que sostiene todo este andamiaje.
No obstante, el camino está plagado de complejidades. La agilidad jurídica prometida por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder popular y del Consejo de Estado y Rosabel Gamón Verde, ministra de justicia, deberá equilibrarse con el respeto a la legalidad y la participación popular, una proporción ardua para mantener en tiempos de urgencia económica. Al mismo tiempo, la atención a menores con conductas nocivas y la asignación adelantada de graduados universitarios evidencian que el Estado no descuida el frente social mientras reconfigura el productivo.
Cuba se juega su futuro inmediato en esta dualidad: reformarse para mantenerse en pie, y mantener el socialismo reformándose. La cita de Díaz-Canel sobre estar "a la altura del momento histórico" es un imperativo categórico. El éxito dependerá de que esa participación popular no sea un mero ejercicio de legitimación, sino un verdadero motor de retroalimentación que permita corregir el rumbo sobre la marcha.
Porque en un escenario de cerco externo y complejidades internas, la inteligencia, la unidad y el coraje que menciona el mandatario solo serán efectivas si van acompañadas de una escucha activa y de la capacidad de resiliencia y las propuestas de la propia ciudadanía.
