Multas en Holguín por violar precios y medidas sanitarias

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Para hacer frente a la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas; así como a las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19, el Consejo de Ministros dictó los Decretos 30 y 31, publicados en la Gaceta Oficial el 29 de enero y puestos ya en vigor.

Con su implementación se derogan los decretos 227 de 1997 y 14 de 2020, respectivamente.

“Por el impacto que tienen en el crecimiento de las cuotas a pagar es indispensable el conocimiento por parte de nuestra población de los dos nuevos textos, ya que en los anulados las multas eran de hasta 100 pesos y ahora las cuantías máximas son de 15 mil pesos y las mínimas de dos mil. En la provincia de Holguín nos encontramos preparando a todos los grupos de inspección”, explicó Alberto Manuel Leyva Rojas, coordinador de los programas y objetivos para la economía en el territorio.

Entre otras cuestiones, el Decreto 30 establece por no presentar tablilla, carta o menú, con la categoría, raciones a servir y precios de productos o servicios, entre cinco mil y siete mil pesos; y para quien cobre o permita cobrar por encima del valor aprobado, o en volumen o calidad inferior a lo establecido, entre ocho y 10 mil pesos.

Yomaris Muguercia García, subdirectora de inspección en la Dirección Estatal de Comercio en la provincia, cree que esto funciona como complemento de la protección a los consumidores, como documentos educativos para la población; y como un proceso en el que el inspector debe estar capacitado, no tener miedo y dar explicaciones desde la ética y la profesionalidad.

Este Decreto se aplica a las personas naturales relacionadas con la comercialización de bienes y servicios, de forma mayorista o minorista.

“La implementación correcta de estos depende del estricto cumplimiento de los organismos impositores y de la conciencia de la población. La batalla es tanto en el sector no estatal como en el estatal.

“Si no se paga en la Oficina de Multas se duplica el importe y de no hacerse se tramita ante el Tribunal Popular. Además de las multas están las accesorias, que son los decomisos, ventas forzosas y obligación de hacer”, expresó Yurian Ricardo Vega, subdirector general de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios.

El Decreto 31, a su vez, recoge para quien no use o lo haga incorrectamente el nasobuco en vías públicas, ómnibus, autos, interiores de centros laborales y de servicio, dos mil pesos; para quien acuda al trabajo o centro escolar con síntomas sugerentes a la COVID-19, tres mil pesos; para el directivo de una institución docente o de trabajo que incumpla las normas sanitarias vigentes, tres mil pesos.

Esta última cuantía también se aplica por no habilitar soluciones de agua clorada o alcohólica para la desinfección de manos y superficies; por realizar fiestas que lleven a la aglomeración; los viajeros que se nieguen a realizarse el PCR en tiempo real; entre otras situaciones.

En materia de transporte, Juan Carlos Sarmiento, Director de la Unidad Estatal de Tráfico considera que el llamado es a no montar tanto público en los vehículos. “Los titulares de licencia deben conocer sus obligaciones para prestar el servicio, igual está la responsabilidad del pasajero. Es una medida correctiva, pero si se hace lo establecido no habrá que aplicar los Decretos”, agregó.

Dionisia Milagro Portelles Duque, directora de la DIS en la provincia, informó que hasta el cierre del mes de enero se habían aplicado 29 mil 115 multas, lo que acumuló más de 2.3 millones de pesos, solo por el mal uso del nasobuco en colas y otros espacios. “Hoy la población va a sentir más rigor para cumplir con lo establecido”, enfatizó.

En ambos documentos legales se definen las autoridades facultadas para imponer las sanciones y medidas, y resolver los recursos, así como los plazos para efectuar el pago de las multas.

“Trasciende todo la percepción de riesgo, la necesidad de llegar a las organizaciones de masas, la comunidad y los sindicatos para que los inspectores no tengan que actuar. La comunicación en este escenario es imprescindible”, añadió Alexander Rojas, Jefe del Departamento de Comunicación Institucional del Gobierno en la Provincia.
 

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Comentarios  

# El Chino 02-02-2021 16:16
Habiliten teléfonos (con personas que los atiendan, no teléfonos "fantasmas") para denunciar las violaciones , habiliten un cuerpo de cientoss de inspectores,que trabajen 24 horas, con transporte y condiciones ganrantizadas, divulguen los casos detectados, retiren licencias, hagan ventas forzadas y garanticen oferta para cuando los carretilleros decidan "esconderse un tiempo" y tal vez así mejore la situación que está muy muy difícil sobre todo para el que trabaja...
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