Laborar en condiciones seguras
- Por Maribel Flamand Sánchez
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La entrada de la mayoría de las provincias cubanas en la primera fase de recuperación post pandemia incluye el retorno gradual a la actividad productiva y de servicios. Ello implica que un número considerable de trabajadores que se encontraban interruptos comiencen el retorno progresivo a sus puestos de trabajo e incluso se haga sistemática en los centros laborales la presencia de los acogidos al teletrabajo o al trabajo a distancia.
Se trata de medidas específicas para las coyunturas actuales, pero respaldadas por nuestro Código de Trabajo o Ley 116 en su capítulo XI, relacionado con la seguridad y salud en el trabajo y por tanto de obligatorio cumplimiento.
En el desempeño de mis deberes profesionales he estado en sitios donde los trabajadores, incluso, en los momentos más tensos de la epidemia, andaban con las mascarillas atadas al cuello o en los bolsillos e incluso damas y caballeros cariñositos, que no se abstenían de besar a todo el que se les para por delante, sin que nadie advirtiera del peligro al que se exponían y haciendo caso omiso a los reiterativos llamados que por vías diversas se realizan contra esas actitudes imprudentes.
Toca a los directivos exigir el acatamiento de las disposiciones, pues como estipula el artículo 127 del documento rector del acontecer laboral, es obligatoriedad del empleador hacer cumplir medidas, que contribuyan a prevenir accidentes, enfermedades profesionales u otros daños, que puedan afectar la salud de los trabajadores.
En los artículos 135 y 136 del mismo instrumento se establecen los deberes y derechos de ambas partes –empleado y empleador-, en materia de seguridad, como laborar en ambientes de trabajo libre de riesgos, y cumplir las instrucciones y regulaciones de seguridad y salud, así como emplear los medios y equipos para su protección. Nada queda a la espontaneidad, pues algunas de las medidas anteriores son circunstanciales, pero en materia de seguridad y protección en el trabajo el país cuenta con material jurídico y laboral suficiente para preservar la integridad física y mental de los hombres y mujeres que producen bienes y prestan servicios y para que quienes dirigen las cumplan y las hagan cumplir, por tanto nadie crea que podrá actuar a su libre albedrío.
El papel del sindicato en alianza con las administraciones es vital en este periodo para evitar situaciones, que hagan retroceder en la batalla que se va ganado contra la COVID-19. Hay instituciones responsables también de verificar que todo marche en los centros de trabajo según mandan las autoridades del país y lo requiere la situación de riesgo, que aún asecha.
Según lo dispone la Ley 116 en su artículo 141, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de Salud Pública (Minsap), del Interior (Minint) y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) son los rectores de la seguridad y salud en el trabajo. Al MTSS corresponde, por ejemplo, proponer la política general de protección y seguridad del trabajo, así como aprobar los equipos de protección personal que se produzcan o importen, mientras el Minsap se responsabiliza con la higiene del trabajo y la salud ocupacional; el Minint de la prevención contra incendios, su extinción y el uso, manipulación, transporte y almacenamiento de explosivos y sustancias peligrosas, y el Citma vela por la seguridad biológica y radiológica.
No obstante, mantener elevada la percepción de riesgo y ser responsables para con nuestra salud y la de quienes nos rodean nos permitirá avanzar hacia las otras fases y desterrar de nuestro entorno al letal coronavirus.
Ese regreso gradual y asimétrico a la actividad laboral implica la observancia de los requerimientos higiénicos necesarios para continuar preservando la vida, también en las nuevas circunstancias. El uso del nasobuco, el distanciamiento social, el lavado de las manos con los productos determinados y la no aceptación de trabajadores con síntomas de afecciones respiratorias, fundamentalmente, se encuentran entre las exigencias.
Se trata de medidas específicas para las coyunturas actuales, pero respaldadas por nuestro Código de Trabajo o Ley 116 en su capítulo XI, relacionado con la seguridad y salud en el trabajo y por tanto de obligatorio cumplimiento.
En el desempeño de mis deberes profesionales he estado en sitios donde los trabajadores, incluso, en los momentos más tensos de la epidemia, andaban con las mascarillas atadas al cuello o en los bolsillos e incluso damas y caballeros cariñositos, que no se abstenían de besar a todo el que se les para por delante, sin que nadie advirtiera del peligro al que se exponían y haciendo caso omiso a los reiterativos llamados que por vías diversas se realizan contra esas actitudes imprudentes.
Toca a los directivos exigir el acatamiento de las disposiciones, pues como estipula el artículo 127 del documento rector del acontecer laboral, es obligatoriedad del empleador hacer cumplir medidas, que contribuyan a prevenir accidentes, enfermedades profesionales u otros daños, que puedan afectar la salud de los trabajadores.
En los artículos 135 y 136 del mismo instrumento se establecen los deberes y derechos de ambas partes –empleado y empleador-, en materia de seguridad, como laborar en ambientes de trabajo libre de riesgos, y cumplir las instrucciones y regulaciones de seguridad y salud, así como emplear los medios y equipos para su protección. Nada queda a la espontaneidad, pues algunas de las medidas anteriores son circunstanciales, pero en materia de seguridad y protección en el trabajo el país cuenta con material jurídico y laboral suficiente para preservar la integridad física y mental de los hombres y mujeres que producen bienes y prestan servicios y para que quienes dirigen las cumplan y las hagan cumplir, por tanto nadie crea que podrá actuar a su libre albedrío.
El papel del sindicato en alianza con las administraciones es vital en este periodo para evitar situaciones, que hagan retroceder en la batalla que se va ganado contra la COVID-19. Hay instituciones responsables también de verificar que todo marche en los centros de trabajo según mandan las autoridades del país y lo requiere la situación de riesgo, que aún asecha.
Según lo dispone la Ley 116 en su artículo 141, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de Salud Pública (Minsap), del Interior (Minint) y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) son los rectores de la seguridad y salud en el trabajo. Al MTSS corresponde, por ejemplo, proponer la política general de protección y seguridad del trabajo, así como aprobar los equipos de protección personal que se produzcan o importen, mientras el Minsap se responsabiliza con la higiene del trabajo y la salud ocupacional; el Minint de la prevención contra incendios, su extinción y el uso, manipulación, transporte y almacenamiento de explosivos y sustancias peligrosas, y el Citma vela por la seguridad biológica y radiológica.
No obstante, mantener elevada la percepción de riesgo y ser responsables para con nuestra salud y la de quienes nos rodean nos permitirá avanzar hacia las otras fases y desterrar de nuestro entorno al letal coronavirus.
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