Tras las rejas por sabotaje

Fotos: Fiscalía Provincial Holguín

La madrugada del 13 de marzo de 2026 marcó a una buena parte de la población en el municipio de Moa. Un acto de vandalismo contra la infraestructura eléctrica provocó severos daños y dejó a oscuras a más de 6 mil clientes, lo que terminó con siete personas tras las rejas y un mensaje contundente: quien atente contra el sistema electroenergético nacional paga con todo el peso de la ley.

La vista oral del proceso judicial, de carácter ejemplarizante, es la segunda de este tipo efectuada este año en la provincia para juzgar a comisores de robo de aceite dieléctrico, en un contexto donde este hecho (tipificado como sabotaje en el artículo 125-1 del Código Penal) se multiplica de manera alarmante.

Los hechos que llevaron al banquillo

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín, en funciones de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, juzgó los hechos ocurridos entre el 12 y el 13 de marzo de 2026 en la subestación Moa Nueva, ubicada en las inmediaciones de la UEB Eléctrica, en la entrada del reparto “Armando Mestre”, zona despoblada.

El medio local de prensa, MoaTV, detalló en su perfil de Facebook que cuatro jóvenes del barrio de Punta Gorda, al este de la ciudad de Moa, sustrajeron mil 248 litros de aceite dieléctrico de uno de los transformadores de la instalación. Los mismos tuvieron el apoyo de otros tres ciudadanos, procedentes de la provincia de Sancti Spíritus, quienes se encontraban de paso por el municipio en gestiones de venta de productos agropecuarios de su cooperativa y facilitaron el transporte y compraron parte del aceite robado.

La operación se ejecutó en dos viajes durante la madrugada. Uno de los implicados vigilaba, tres extraían el líquido y lo vaciaban en pomos, mientras un camión estatal, conducido por otro de los acusados, esperaba para trasladar el botín hasta el lugar conocido como Pan y Dulce, donde vaciaron los recipientes en los tanques del vehículo. Al día siguiente, el propietario del camión pagó 960 mil pesos al cabecilla de la operación, efectivo que fue repartido entre los cuatro autores materiales, mientras los tres espirituanos se retiraban con el “combustible”, el cual no pudo ser recuperado.

Daños incalculables

El impacto de este delito trasciende las pérdidas materiales. Como consecuencia de la extracción del aceite dieléctrico, elemento esencial para la refrigeración y aislamiento del transformador, el equipo sufrió un deterioro acelerado que derivó en un cortocircuito en la fase B y su explosión estructural irreversible, por lo que quedó fuera de servicio de manera definitiva, señalaron los letrados del Tribunal.

La salida forzada del transformador provocó la interrupción del servicio eléctrico a seis mil 184 viviendas de los circuitos 4 y 11, y afectó la alimentación secundaria del hospital territorial. Además, el transformador número 1 de la subestación asumió toda la carga, lo que le provocó averías por el régimen extraordinario de trabajo. La acción incluyó también daños en la cerca perimetral de la instalación.

En cuanto a las afectaciones económicas para la Empresa Eléctrica de Moa, en el juicio se significó un monto de 138 mil 054.49 pesos cubanos, solo por concepto del aceite sustraído y la rotura del transformador.

Un delito que encuentra cómplices

Fabián Vega Genicio, director de distribución de la Empresa Eléctrica de Holguín, ofreció detalles estremecedores sobre la magnitud de este flagelo. Mientras en igual etapa de 2025 se reportaban apenas cuatro hechos de este tipo, en lo que va de este año la cifra asciende a 36.

“Cerramos hasta la fecha con 65 hechos que atentan contra nuestro sistema eléctrico, comparados con 42 en igual etapa del año anterior, los más notables se concentran en el robo de aceite dieléctrico. Los casos detectados el pasado año ocurrieron en subestaciones de alto voltaje, las cuales tuvieron un tratamiento. De los hechos cometidos en 2026, ocurrieron 12 en subestaciones de alto voltaje y 24 en transformadores de distribución, una tipicidad nueva este año”, afirmó.

Vega Genicio comentó algunas de las condiciones que propician estos delitos, como la indisciplina social, el prolongado periodo de afectación del servicio a clientes con 24 horas y hasta 40 y más cuando hay una caída del SEN, escenario que también aprovechan los comisores para ejecutar estos hechos vandálicos.

“Hablamos de una provincia extensa, con transformadores y subestaciones distribuidas a lo largo de la geografía desde 'Calixto' hasta Moa, en zonas despobladas, lo que realmente dificulta su vigilancia constante. En nuestro territorio existen 13 mil 100 transformadores de distribución a lo largo de cinco mil kilómetros de línea entre subtransmisión y distribución, muy complicado para llegar a todos los lugares y proteger estos equipos”, subrayó el directivo.

De acuerdo con lo expuesto por el directivo uno de los factores que alimenta este delito es la crisis de combustible, pues muchos ven en el aceite dieléctrico la solución para echar a andar su vehículo y no se detienen a pensar que este recurso constituye prácticamente la vida de un transformador, porque evita la ocurrencia de cortocircuito interno al refrescarle las altas temperaturas y disiparle todo ese calor.

“Recientemente tuvimos otro hecho en el transformador del bombeo de agua de Levisa, municipio de Mayarí, donde volvieron a sustraer aceite. La ocasión anterior se dañó el transformador y alrededor de un mes permanecieron afectados 2,5 megawatts por esta causa.

“Tenemos además tres subestaciones afectadas por este tipo de delitos. Hace más de un mes permanecen sin servicio más de 800 clientes en el municipio de Frank País por daños en la subestación de La Camaronera, Farallones de Moa desde el día 4 de mayo y Juan Paz en Sagua de Tánamo, en estas dos últimas los transformadores no se dañaron y esperamos la llegada del aceite para su reposición e incorporarlas al sistema, pues en su mayoría este producto se importa, el que se produce en Cabaiguán no es permisible utilizarlo para ese nivel de voltaje”, explicó Fabián.

Ante el incremento de estos hechos, el funcionario recalca la importancia de hacer un llamado urgente a la responsabilidad ciudadana, pues considera insuficiente el accionar local para crear un ambiente de control, no solo para vigilar porque no ocurran robos de aceite dieléctrico, sino también por otros hechos reportados en la Empresa Eléctrica, como las 84 viviendas en el municipio de Holguín afectadas por hurto de acometidas, eso implica alrededor de dos kilómetros de este recurso, y el sustracción de varillas de tierra del sistema de aterramiento de un transformador de distribución, mediante el cual se disipa la onda por ese bajante.

“Hemos hecho labores de apercibimiento con todos los linieros, operadores de parques fotovoltaicos y custodios, pero también apelamos a la conciencia de los pobladores en las comunidades que puedan apoyar a la protección de estos recursos. Un transformador de subtransmisión está alrededor de los 10 mil a 50 mil dólares y el litro de aceite dieléctrico cuesta unos 13.09 dólares. Todo eso hay que importarlo”, significó el directivo.

Sanción ejemplarizante

Los siete acusados fueron juzgados y sancionados como autores del delito de sabotaje, previsto en el artículo 125.1 del Código Penal. El tribunal impuso sanciones de 15 años de privación de libertad a uno de los acusados, 14 años a otros tres y 12 años a los tres restantes, de acuerdo con el grado de participación y responsabilidad en los hechos. Además se confiscaron una moto, una nevera y 87 mil 100 pesos en moneda nacional, así como el decomiso de cinco teléfonos celulares.

El rigor de las penas se adoptó en correspondencia con la severidad que amerita el perjuicio contra la infraestructura electroenergética en la actual circunstancia de bloqueo económico y energético recrudecido por el gobierno norteamericano.

Sin embargo, muchas opiniones en las redes apuntan a que las sanciones resultan benevolentes para el daño causado al patrimonio del Estado y a los servicios básicos de la población.

Al respecto, Janet Katherine Sardón Echarri, presidenta del Tribunal provincial Popular de Holguín, precisa que los tribunales actúan de acuerdo con lo establecido en el Código Penal vigente. Las penas impuestas respetan las garantías de la legalidad cubana y evidencian la voluntad del pueblo, a través de sus instituciones, de proteger la economía, los recursos disponibles y la calidad de vida de la población.