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Teléfonos con equidad

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Disponer de un teléfono fijo en casa no es lujo ni muestra de opulencia monetaria, es una necesidad que crece con estos tiempos en que las infocomunicaciones transforman no sólo las rutinas productivas, sino también las hogareñas y sociales, porque desde estos aparatos trasmisores-receptores usted puede, tarjeta multibanca mediante, pagar las facturas telefónicas y eléctricas sin moverse de su hogar ni robarle tiempo a la jornada laboral, por citar sólo un ejemplo.
 
Por estos días cuando en múltiples barrios y zonas de la provincia se realizan reuniones comunitarias con el propósito de informar sobre el proceso de otorgamiento de la telefonía básica en aquellos sitios con capacidades disponibles la inquietud colectiva busca, a través de los medios de difusión masiva, y presumo que también por otras vías, información explicativa a partir de desacuerdos que van surgiendo.

Por ello a las reuniones comunitarias donde se informa sobre la existencia de capacidades comercializables es importante también llegar con las normas, requisitos y otras regulaciones tanto para la conformación de las comisiones como para el otorgamiento de los aparatos y hacia dónde dirigir las quejas ante desacuerdos o posibles violaciones de lo establecido.

Todos estos elementos imprescindibles están claramente expuestos en el procedimiento general para la autorización del servicio telefónico básico al segmento residencial a través de la resolución 11 del 2013 del Ministerio de Informática y las Comunicaciones y el acuerdo 7716.

Tales documentos consignan que la cantidad de teléfonos a asignar a la población se determina a partir de la capacidad disponible que se crea en una central telefónica como resultado de los procesos inversionistas, el mejoramiento, recuperación o ampliación de las redes existentes y los movimientos de servicios por bajas y traslados.

De acuerdo con lo establecido en los documentos rectores es responsabilidad de los Consejos de Administración Municipal (CAM) la conformación de las comisiones para el otorgamiento, en coordinación con las organizaciones políticas, sociales y de masas de cada demarcación.

Estas estructuras tienen la misión de recepcionar las solicitudes, analizarlas y proponer al CAM los candidatos a beneficiar con el servicio, garantizar el adecuado flujo de información sobre el proceso, así como cumplir con los términos establecidos. Su vigencia es temporal.

La composición adecuada de las comisiones es el primer paso para garantizar transparencia y rectitud en la actividad, de ahí que deban integrarse por un número impar de miembros residentes en la localidad donde existan las líneas comercializables y contar con el reconocimiento de la comunidad por su conducta moral, social y laboral. Los trabajadores de Etecsa no pueden formar parte de estas.

La norma no excluye a ningún cubano del derecho a poseer un teléfono fijo, pero lógicamente el aspirante a cliente de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) tiene que residir en el país; tampoco exceptúa a los nacionales con permiso de residencia en el extranjero. La natural inclinación de las legislaciones cubanas de hacer el bien posibilita que también se incluya a los extranjeros con domicilio permanente en Cuba.

Pero existen igualmente requerimientos técnicos, como residir en el área comercializable y otros que apuntan hacia la conducta de los solicitantes, como el aporte social a la comunidad y se atienden de manera diferenciada a ancianos solos, personas con impedimentos físicos, enfermos y jubilados.

Contrario a lo que creen muchas personas, no es hacia Etecsa a donde se dirigen las reclamaciones por desacuerdos. Se acude en primera instancia a las comisiones comunitarias y de persistir la inconformidad se destinan por escrito al Consejo de Administración Provincial, por mediación del CAM, dentro del término de 15 días hábiles posterior a la fecha de publicación de la relación de los beneficiados.

Cuando lo que se reparte no alcanza para todos hay inconformidades e inconformes por muy justo que se sea con la distribución. La no disponibilidad suficiente del equipamiento técnico requerido imposibilita satisfacer mayormente la demanda de la telefonía básica. Ante tales circunstancias no queda otra que actuar con la mayor transparencia y equidad para que la insatisfacción jamás sea resultado de manejos turbios.