Incremento salarial Sí, pero de precios No
- Por Lourdes Pichs Rodríguez
- Publicado en Holguín
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El incremento de pensiones y salarios al sector presupuestado anunciado a finales de junio y efectivo ya desde este mes de agosto no vino solo. Para bien de todos llegó con la congelación de los precios mayoristas y minoristas para las entidades estatales y también para las formas de gestión no estatal en todo el país.
Para hacer valer tanto lo uno como lo otro, el Ministerio de Finanzas y Precios de la República de Cuba, emitió tres nuevas Resoluciones concernientes al proceso de incremento salarial y de pensiones; la referida a la Contribución Especial a la Seguridad Social y el Impuesto sobre los Ingresos Personales, además de la relacionada con la aprobación de Precios y Tarifas, todas publicadas en días recientes en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 16, y por ende con total vigencia y de estricto cumplimiento desde entonces.
En específico la 302/2019 “establece las regulaciones para los precios de venta de los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal”, a través de la cual se prohíbe el incremento de los precios y tarifas de productos y servicios, con destino a entidades estatales y a la población.
En ese documento, además, se ratifica la facultad de los presidentes de los Consejos de la Administración provinciales del Poder Popular para instaurar los precios y tarifas máximos a aplicar en sus respectivos territorios.
De igual manera tienen la responsabilidad de “establecer sistemas de monitoreo, control, supervisión y atención a quejas y denuncias en cada uno de los municipios y provincias”, para lograr detectar y enfrentar a tiempo cualquier violación de lo establecido mediante la resolución ministerial.
En Holguín ¿qué ha pasado?
La provincia de Holguín para hacer efectiva esta orientación adoptó un paquete de medidas dirigidas a dar cumplimiento, en lo sucesivo, a la tarea en los 14 municipios, de acuerdo con las particularidades de cada uno de los territorios, aseguró Alberto Manuel Leyva Rojas, director provincial de Finanzas y Precios.
En primer lugar-explicó Leyva Rojas- quedó constituido un grupo observatorio de precios a nivel de provincia y uno por cada municipio y de igual manera otros de enfrentamiento; además de distintos canales de comunicación a través de los cuales la población puede denunciar cualquier irregularidad observada en los establecimientos y emitir sus valoraciones.
Por ejemplo, a nivel provincial el equipo de trabajo de monitoreo de los precios está integrado por Juan Antonio Figueira Piñeda, jefe del grupo de observatorio; Marta Ochoa Rodríguez, especialista en la Dirección de Finanzas y Precios; Glenis González Almaguer, directora de la UPP Comercio Estatal; Yosvani Monert Casas, director de la DIS y Margarita Santana Fuentes, especialista de la ONEI.
El directivo significó que a partir de las indicaciones recibidas para topar los precios en la actividad del trabajo por cuenta propia fue realizado un levantamiento en basares, el área del estadio Calixto García y puntos del centro de la ciudad de Holguín, en el cual participaron organismos implicados en el Grupo de Trabajo Observatorio.
Este equipo, basado en los precios referenciales existentes hasta el 30 de junio, estandarizó los importes minoristas en cup a más de 50 productos o prestaciones de los TCP que ejercen la actividad gastronómica y de servicios en el territorio: entre ellos 21 líquidos, 18 renglones de la repostería y cuatro servicios, de los de mayor demanda entre la población.
“Cada municipio de acuerdo con sus características tiene la prerrogativa de aplicar en sus respectivos territorios valores inferiores a los establecidos, pero nunca elevarlos por encima de la media provincial”, aclaró Leyva Rojas.
Sobre los que contravengan lo estipulado señaló que en la primera transgresión “el infractor recibirá una advertencia, pero ya en la segunda no puede vender más en el lugar privilegiado donde está, como en bazares de frente a los hospitales o el del estadio, y tiene que irse para su vivienda y si allí también se coge in fraganti es retirada la licencia de TCP”.
Reveló que en los primeros días se han recepcionado unas 15 denuncias de la población, de ellas seis procedieron completamente y el resto en parte, pero en todas se ha actuado como está instituido por la Resolución 302/2019.
Entre ellas algunas referidas al incremento del valor del agua en los Puntos de Venta, donde ha subido a 10 centavos el litro de agua, con la excusa del precio de combustible. “No hay justificación, tanto el petróleo como la gasolina mantienen su mismo valor en los ServiCupet”, ratificó.
Por su parte Juan Antonio Figueira Piñeda significó que las medidas no solo benefician al sector presupuestado sino también al empresarial, porque a partir de ella existe una protección al salario devengado; además resulta una forma más de evitar el acaparamiento, la especulación y el enriquecimiento ilícito por medio de la reventa.
Sin dudas, la decisión de topar precios resulta una medida oportuna y que la gran mayoría agradece, ahora bien, en esta ocasión no puede dejarse a la libre espontaneidad de vendedores y compradores. Es necesario e imprescindible una fiscalización constante y la adopción acciones ejemplarizantes contra los incumplidores, para que los precios topados, en esta ocasión, no caigan en saco roto, como ha ocurrido con el valor del pasaje de la transportación pública de pasajeros a cargo de los TCP con licencia operativa y también con los de los productos agropecuarios ofertados por los más de 420 carretilleros o en puntos fijos de la provincia.
Están creadas las condiciones para que los mecanismos de control no fallen y nadie se pare de listo.